El Congreso Nacional de Nicaragua, bajo un total dominio del oficialismo, aprobó una polémica reforma constitucional que prohíbe a los partidos de oposición participar en las futuras elecciones del país. La reforma, que extiende también el mandato presidencial de seis a siete años, ha generado una ola de críticas tanto de Estados Unidos como de diversas naciones de la región. Esta iniciativa, respaldada por los líderes del país, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, logró superar su primera votación en la Asamblea Nacional, un paso significativo en su camino hacia la ratificación final.
En una sesión especial realizada frente a la catedral de León, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, anunció que la reforma fue «aprobada de forma unánime». Durante años, Ortega, que a sus 80 años ha mantenido un control absoluto sobre el país, ha enfrentado acusaciones de dictadura, especialmente tras la violenta represión de las protestas de 2018 que dejaron un saldo trágico de más de 300 muertos. La falta de oposición efectiva, resultante del exilio forzado de miles de nicaragüenses, ha llevado a muchos a acusar al régimen de fomentar un entorno político absolutamente controlado.
A medida que se acerca la segunda votación, prevista para el 18 de enero, Rosario Murillo ya ha enfatizado que la enmienda será ratificada, tal como lo estipula la ley nicaragüense que requiere dos sesiones legislativas para la aprobación de reformas constitucionales. Esta medida no solo alarga el mandato del presidente, sino que también afecta a otros altos funcionarios del Estado, incluidos los jefes del ejército y la policía, consolidando así el control del oficialismo sobre todas las ramas del poder.
Las implicaciones de esta reforma son profundas, ya que Ortega declaró en julio que «no habrá más elecciones» en Nicaragua. Este anuncio fue recibido con condena por parte de varios países de América Latina, calificado como un retroceso democrático y una clara señal de su intención de afianzar su legado familiar en el poder. Las protestas y la represión de líderes opositores han llevado a la comunidad internacional a cuestionar el rumbo autoritario que ha tomado el país, lo que ha llevado a Estados Unidos a instar a un aislamiento del gobierno nicaragüense.
Con la aprobación de estas reformas y la circunstancial enfermedad de Ortega, que padece lupus y problemas renales, algunos analistas advierten sobre la posibilidad de una sucesión política al interior de la familia Ortega-Murillo. Esto deja a Nicaragua en una encrucijada, donde la escasez de opciones democráticas y la represión sistemática parecen haber cerrado la puerta a un diálogo constructivo o a una transición política saludable, dejando a su población en un estado de incertidumbre y desesperanza.
