Luisa González, expresidenta del movimiento correísta y candidata presidencial en las elecciones de 2023 y 2025 en Ecuador, fue arrestada en la mañana del jueves por la Policía Nacional en su localidad natal, Canuto, en la provincia de Manabí. La detención se produjo a solo cinco semanas de las elecciones locales en el país andino y fue confirmada por la división zonal de la Policía, aunque no se proporcionaron detalles específicos sobre la operación, que fue ejecutada por agentes enviados desde la capital, Quito. Esta acción ha suscitado una gran preocupación y una serie de reacciones en el panorama político ecuatoriano, donde el correísmo ha enfrentado numerosos desafíos y acusaciones en los últimos años.
González, quien no pudo participar en las elecciones locales programadas para noviembre debido al incumplimiento de varios requisitos establecidos en las regulaciones electorales, está bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado. La acusación se centra en el supuesto financiamiento irregular de sus campañas electorales. La Fiscalía comunicó a través de redes sociales que, en conjunto con la Policía, llevó a cabo la ejecución de tres órdenes de arresto en las provincias de Manabí y Pichincha, aunque no aclaró si González se encontraba entre los detenidos. Esta acción está relacionada con el caso conocido como ‘Laberinto’, que investiga presuntas irregularidades en el financiamiento político durante la campaña presidencial devuelta de 2023.
El expresidente Rafael Correa, a través de un mensaje en la plataforma social X, expresó su indignación por la detención de González. Desde el exilio, Correa afirmó: «¡Detuvieron a Luisa González! ¡BASTA YA! Ecuador prevalecerá.» Estas palabras encienden nuevas llamas sobre la percepción de persecución política que ha denunciado el correísmo, considerando que la detención se enmarca en un contexto donde su partido, la Revolución Ciudadana, ha sido suspendido y limitado a participar en el proceso electoral actual. Esta situación ha desatado un debate acalorado sobre la legitimidad de las acciones del gobierno del actual presidente, Daniel Noboa.
En el transcurso del año, González ya había enfrentado acusaciones en el caso conocido como ‘Caja Chica’, donde se le atribuye un presunto delito de lavado de activos por haber financido su campaña electoral extraordinaria de 2023 con dinero traído de Venezuela. Esta situación llevó a que la Revolución Ciudadana fuera suspendida en marzo pasado por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), en una acción que correísmo considera como una persecución política dirigida por el gobierno actual para impedirles participar en las elecciones de noviembre. Este clima de tensión política cada vez más densa continúa complicando la situación del antiguo partido de Correa.
A pesar de los obstáculos, Luisa González había intentado registrarse nuevamente como candidata para la Prefectura de Manabí, siendo respaldada por el partido indígena Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). Sin embargo, su intento fue infructuoso, lo que resalta el creciente aislamiento del correísmo en el panorama electoral actual. Las próximas semanas serán decisivas para el futuro político de González y su partido, mientras Ecuador se enfrenta a una crisis de legitimidad y confianza en sus instituciones.
