La Fiscalía de Bolivia ha anunciado el inicio de una nueva investigación contra el expresidente Evo Morales, quien enfrenta serias acusaciones por presuntos delitos de asesinato y tortura. Estas acusaciones están relacionadas con un operativo policial que tuvo lugar en 2009 en un hotel de Santa Cruz, donde resultaron muertos tres europeos: el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro-rumano Árpád Magyarosi. Este caso, conocido como el «Hotel Las Américas», ha cobrado relevancia tras la reciente declaración del fiscal general interino, José Armando Urioste, quien, apenas una semana después de asumir el cargo, notificó al Tribunal Supremo de Justicia sobre el inicio de una fase de acumulación de antecedentes contra Morales y su exvicepresidente Álvaro García Linera, señalando que ambos son sospechosos de haber cometido serios crímenes de lesa humanidad.
Los sucesos de 2009 han sido considerados por muchos como una serie de ejecuciones extrajudiciales. Mario Tadic y Elöd Tóásó, otros boliviano-croatas que lograron sobrevivir al operativo, han denunciado haber sido sometidos a torturas tras su detención. Desde el principio, el gobierno de Morales argumentó que el grupo liderado por Rózsa Flores intentaba fomentar un movimiento separatista en la región de Santa Cruz, recibiendo apoyo de la élite económica de derecha. Sin embargo, la caracterización de estos eventos como un simple enfrentamiento ha sido cuestionada y se ha llevado el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya había determinado que el Estado boliviano había cometido violaciones a los derechos humanos.
El reciente informe de la CIDH, que concluyó en 2021, ha puesto aún más presión sobre el gobierno de Bolivia y ha reavivado el interés en el caso. El legislador Rodrigo Antonio, quien ha sido uno de los impulsores de la denuncia, afirmó que no se trató de un enfrentamiento entre fuerzas del orden y los individuos fallecidos, sino de una ejecución planificada. La declaración de Morales en el pasado, donde indica haber dado la orden para el operativo policial al acusar a los extranjeros de ser «mercenarios», alimenta aún más las sospechas sobre su responsabilidad directa en estos hechos.
Evo Morales se encuentra actualmente refugiado en su bastión de Chapare, donde ha enfrentado múltiples problemas legales. No solo tiene esta nueva investigación en su contra, sino que también cuenta con dos órdenes de captura activas relacionadas con su actuación durante las protestas que paralizaron al país a principios de este año, y otra acusación de presunta trata de personas. A pesar de las serias implicaciones de estas acusaciones, Morales ha negado todas las acusaciones y se ha aferrado a su posición como líder indígena, esperando que su base de apoyo permanezca inalterable ante las adversidades jurídicas.
La situación política en Bolivia continúa siendo tensa y polarizada, y la reanudación de estas investigaciones contra Morales podría profundizar aún más las divisiones existentes en el país. La reacción de sus seguidores y opositores será clave en las próximas semanas, ya que el exmandatario se enfrenta a un panorama judicial complicado. La justicia y la política parecen entrelazadas en un conflicto que ha estado presente desde la renuncia de Morales en 2019, lo que complica aún más el entendimiento de la situación actual en Bolivia, donde cada movimiento en esta saga es observado atentamente tanto a nivel nacional como internacional.
