En su conmovedora visita a la provincia de Condorcanqui, Mónica Maureira, integrante del Comité de Expertas del Mesecvi, se enfrentó a una realidad devastadora que marca la vida de muchas menores en la región amazónica de Perú. La imagen de una adolescente con un bebé en brazos reflejó el profundo impacto del abuso sexual que sufren las niñas en estas comunidades, donde se han registrado alrededor de 1,000 denuncias de violencia de género desde 2014, con crímenes que siguen impunes. Las organizaciones como la Defensoría del Pueblo han alertado sobre un fenómeno alarmante: la normalización de la violencia y la falta de atención por parte de un sistema judicial que parece desentenderse de sus responsabilidades.
La Defensoría del Pueblo ha señalado la ausencia del aparato judicial en la región como uno de los principales obstáculos para abordar los abusos sufridos por estas menores. En un informe reciente, se documentaron más de 500 casos de acoso sexual en centros educativos destinados a las comunidades awajún y wampis, donde los victimarios, muchos de ellos educadores, no han enfrentado la justicia. Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún y Wampis, ha enfatizado el impacto devastador de esta situación, que no solo pone en riesgo la seguridad de las niñas, sino que perpetúa un ciclo de violencia que afecta también a generaciones futuras.
Una de las consecuencias más inquietantes de estos abusos ha sido el brote de VIH entre menores, un problema que se ha intensificado en comunidades ya vulnerables. Según informes del Ministerio de Salud, se han documentado casos de niñas de tan solo 3 y 4 años infectadas con el virus del VIH, condición que complica aún más la situación de salud pública en la región. Estas implicaciones no solo son físicas, sino que generan una creciente crisis de salud mental entre los jóvenes, reflejada en alarmantes tasas de suicidio, lo que subraya la necesidad urgente de atención y recursos.
En este contexto crítico, los líderes comunitarios como Pioc han abogado por la creación de refugios y el aumento del presupuesto estatal para garantizar una respuesta digna y adecuada a las víctimas de abuso sexual. Actualmente, las opciones de refugio son limitadas y temporales, lo que provoca que muchas mujeres no se sientan seguras regresando a sus hogares tras sufrir violencia. La falta de un sistema judicial eficiente y recursos suficientes para atender estas denuncias refuerza un estado de desamparo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres y niñas en la región.
La respuesta institucional ha sido insuficiente y fragmentada, como lo evidencia el proceso de revisión del Mesecvi, que busca coordinar esfuerzos entre diferentes estamentos del gobierno peruano. Sin embargo, voces como la de María Seminario, titular del Ministerio de la Mujer, sugieren un cambio en la narrativa, apuntando a la consolidación de un enfoque integral y articulado. La situación es crítica, y mientras las autoridades discuten posibles soluciones, las comunidades continúan lidiando con el dolor, la desesperación y el riesgo constante de la violencia de género.
