En marzo de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, sorprendió al mundo al anunciar su intención de convertir a la nación centroamericana en el primer país en adoptar oficialmente el bitcoin como moneda de curso legal. Durante su intervención en la conferencia Bitcoin 2021 en Miami, Bukele presentó la propuesta como un sueño de progreso que utilizaría la criptomoneda para impulsar la economía del país, reducir costos de remesas y fomentar la inclusión financiera. La noticia fue recibida con entusiasmo por la comunidad cripto, con aplausos y vítores. Sin embargo, cinco años después, el alcance de esta iniciativa ha sido profundamente cuestionado, ya que las promesas de transformación económica parecieran haberse esfumado, dejando a muchos salvadoreños desencantados.
La implementación de la ley que legalizaba el bitcoin tuvo lugar en junio de 2021, y se acompañó por la creación de un fideicomiso de 150 millones de dólares y la promoción de la Chivo Wallet, una billetera digital que incentivaba su uso mediante un bono de 30 dólares por descarga. Sin embargo, una encuesta realizada solo unos meses después reveló que el 71% de los encuestados creían que la criptomoneda no había mejorado su economía familiar. Esta desconfianza se manifestó no solo en la baja adopción del bitcoin por parte de la población, sino también en la falta de impacto en las remesas, donde menos del 1% de las transferencias se realizaban a través de criptomonedas, perpetuando el uso de métodos tradicionales. La falta de un verdadero cambio ha dejado a muchos salvadoreños con la sensación de haber sido parte de un experimento fallido.
A pesar de la escasa aceptación, el gobierno continuó con su política de compra de bitcoins, incluso con advertencias de riesgo por expertos económicos. En 2023, la Asamblea aprobó la Ley de Emisión de Activos Digitales, la cual pretendía atraer capital extranjero a través de los controvertidos ‘bonos volcán’, cuyo objetivo era financiar una ciudad futurista conocida como Bitcoin City. La combinación de ideas audaces y promesas megalómanas parecía resonar en el discurso de Bukele, quien continuó presentando la criptomoneda como una vía hacia la libertad y autonomía económica, alineándose con una ideología que atrae a muchos grupos radicales en EE.UU. Sin embargo, la falta de avances concretos en la construcción de la ciudad o en la emisión de bonos plantea serias dudas sobre la viabilidad de su visión.
Con el tiempo, el escepticismo hacia la política del bitcoin creció exponencialmente entre la población salvadoreña. En 2024, una encuesta reveló que un impresionante 91.8% no había utilizado bitcoin en el año anterior, reflejando la desconfianza generalizada hacia un plan que prometía, pero no cumplía. La situación se vio complicando por la presión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que exigió reformas en el uso de criptomonedas como condición para un acuerdo de financiamiento. Esto resultó en la eliminación de la obligatoriedad de aceptar bitcoin. Con estos cambios, la narrativa del sueño de un país próspero impulsado por el bitcoin se desvanece, dejando en evidencia las fallas en la implementación y el impacto real de la política pública.
Hoy, aunque El Salvador mantiene una presencia significativa en el ecosistema cripto y acumuló miles de bitcoins, el sueño de Bukele parece haberse convertido en una situación llena de interrogantes. La transferencia de la Chivo Wallet a un operador privado y la continua compra de bitcoins generan un oscuro velo sobre la transparencia y el impacto real de estas decisiones. A pesar de que Bukele sigue creyendo en la cripto-revolución, muchos economistas e investigadores sostienen que la noche del optimismo ha cedido paso a un día lleno de realidades complejas. Con la reputación de El Salvador en juego y las lecciones del pasado aún latentes, se plantea la posibilidad de que el futuro del bitcoin en la nación sea más cauteloso y reflexivo, en lugar de la audacia con que se inició el experimento.
