En el segundo día del paro nacional en Colombia, los sindicalistas no lograron llenar la emblemática Plaza de Bolívar en Bogotá, a pesar de organizar un «cabildo abierto». A pesar del esfuerzo, las proyecciones de participación fueron significativamente bajas, lo que generó inquietud entre los organizadores. A lo largo de la jornada, hechos de violencia empañaron las actividades previstas, especialmente en ciudades como Popayán y Bogotá, donde la Fuerza Pública fue objeto de ataques por parte de grupos encapuchados. Según el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, una marcha pacífica se llevó a cabo desde el Parque Nacional hacia la Plaza de Bolívar, pero los disturbios comenzaron a manifestarse en diversas áreas de la ciudad, donde varios ciudadanos comenzaron a bloquear vías cruciales, interfiriendo con los derechos de muchas personas.
Los puntos de mayor conflicto en Bogotá fueron identificados rápidamente, obligando a la intervención de la policía antimotines en lugares clave como La 26, La NQS con calle 45, y otros sitios estratégicos. Específicamente, en la localidad de Suba se registró un violento enfrentamiento entre encapuchados y agentes del orden público. Durante ese episodio, un grupo de personas había organizado una velatón en memoria de Angie Alejandra Rodríguez Moreno, quien falleció en un incidente con la policía. Sin embargo, este acto pacífico fue interrumpido por la llegada de jóvenes enmascarados que comenzaron a lanzar artefactos explosivos, lo que llevó a la llegada de vehículos de la policía para contener el disturbio, extendiendo la confrontación por horas.
En contraste con el ambiente de caos, por la mañana, muchos ciudadanos en Bogotá expresaron su rechazo a los bloqueos y actos vandálicos. A través de videos que circularon en redes sociales, se pudo observar cómo un grupo de ciudadanos confrontó a los encapuchados, exigiéndoles que los dejaran trabajar. «La gente está cansada», afirmó el alcalde Galán, quien también denunció que más de 1.8 millones de personas se vieron afectadas por las alteraciones al transporte público, destacando que 211 rutas de Transmilenio y autobuses fueron interrumpidas. Esta respuesta cívica indica un creciente descontento social hacia aquellos que usan la protesta como pretexto para actos de violencia y vandalismo.
El clima de descontento también se sintió en otras regiones, como Popayán, donde se registraron ataques a las instalaciones de la policía. Allí, un grupo de vándalos atacó un CAI en el barrio La Paz con artefactos explosivos, aunque la rápida intervención de los vecinos evitó un desastre mayor. Por otro lado, los bloqueos en carreteras de departamentos como Bolívar, Cesar, y Meta causaron pérdidas significativas a gremios como el de los transportistas, que estiman pérdidas superiores a 12.000 millones de pesos diarios. La Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) corroboró la magnitud de los estragos, cuantificando las pérdidas en cerca de $278.000 millones por día.
A pesar de la violencia y la resistencia civil, las centrales obreras llevaron a cabo marchas mayormente pacíficas en varias ciudades. Según reportes del Ministerio de Defensa, se registraron 246 actividades en 198 municipios a lo largo del país. Sin embargo, el movimiento de protesta, que pretendía mostrar apoyo a una consulta popular y a reformas sociales propuestas por el gobierno de Gustavo Petro, no logró el respaldo masivo esperado. La baja asistencia a los cabildos abiertos, con menos de 500 personas participando en Bogotá y Cali, fue interpretada como un fracaso por parte de la oposición. En un giro sorprendente, el presidente Petro se distanció del paro, afirmando que no había sido él quien convocó a las manifestaciones, lo que generó dudas sobre la cohesión del movimiento actual y el futuro apoyo del pueblo hacia su administración.
