El anuncio del presidente Gustavo Petro de declarar el 18 de marzo como un día cívico para promover marchas en defensa de la reforma laboral ha suscitado reacciones encontradas en el país. Si bien el mandatario buscaba movilizar a la ciudadanía en apoyo a sus reformas, varios alcaldes y gobernadores han manifestado su desacuerdo, optando por no acatar la medida. Esta situación plantea interrogantes sobre el impacto de la convocatoria y la capacidad del Gobierno para generar la participación ciudadana que sostiene es vital para el éxito de su agenda reformista.
Entre los mandatarios que se han pronunciado al respecto, se encuentra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien fue contundente al asegurar que el próximo martes se trabajará con normalidad en su ciudad. Gutiérrez enfatizó que la responsabilidad hacia los ciudadanos y el desarrollo económico son su prioridad, y que no permitirá que un decreto nacional interrumpa el funcionamiento habitual del sector público. Con ello, busca reforzar la idea de que el empleo y la productividad deben ser la base del progreso social.
A la posición de Gutiérrez se ha sumado el gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, quien también rechazó el día cívico y aseguró que se llevarán a cabo obras importantes en el departamento, como la entrega de parte del Intercambio vial del Aeropuerto José María Córdova. Rendón utilizó términos contundentes al calificar el decreto como un «globo» que no se debe imponer a la población, reafirmando su compromiso con el trabajo y el desarrollo regional, aspectos que considera cruciales para el progreso de Antioquia.
Otros mandatarios, como el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, y el de Cali, Alejandro Eder, también se han sumado a la tendencia de desmarcarse del decreto presidencial, enfatizando que sus ciudades continuarán con las actividades normales y que se garantizarán los servicios públicos y la educación. Eder, en particular, defendió la importancia de mantener el funcionamiento de la administración municipal y los hospitales, aludiendo a que la ciudadanía necesita resultados concretos en medio de la convulsión política que vive el país.
A pesar de la resistencia de algunos mandatarios locales, hay un sector de la población que se prepara para salir a las calles el 18 de marzo en apoyo a las reformas de Petro. Centrales obreras, sindicatos y colectivos afines al Gobierno han anunciado su intención de movilizarse, argumentando su derecho a manifestarse pacíficamente. Sin embargo, la falta de respaldo de los líderes locales podría significar un desgaste en la mobilización esperada, lo cual pone en tela de juicio la efectividad de la llamada a la acción del presidente, en un momento crítico para sus propuestas legislativas.
