Durante la reciente reunión del Consejo de Ministros celebrada el 28 de abril, el presidente de la República anunció que, en caso de que el Senado no apruebe la Consulta Popular en el plazo de un mes, procederá a convocarla mediante un decreto. «El tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Si el Senado no se pronuncia, entonces el presidente por decreto convoca la consulta, como dice la ley», aseveró el mandatario, subrayando la importancia de la participación ciudadana en este proceso.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, respaldó la posición del presidente, aclarando que la consulta se llevará a cabo en dos de los tres escenarios previstos. Es decir, si el Senado aprueba la consulta o bien si no se pronuncia dentro del mes estipulado, se procederá con la convocatoria por decreto. En caso de que el Senado rechace la consulta, no se llevaría a cabo. En cualquiera de las situaciones favorables, Benedetti explicó que el jefe de Estado tiene un plazo adicional de tres meses para organizar las elecciones y llamar a los ciudadanos a las urnas.
Durante su intervención, Benedetti también defendió la finalidad de la iniciativa presentada por el Gobierno Nacional, afirmando que el objetivo no es la creación de nuevas leyes, sino simplemente poner ciertos asuntos en la agenda pública. Esto responde a las críticas de varios expertos que señalaron que la ley prohíbe que se aprueben textos normativos a través de una consulta popular. El ministro enfatizó que «las preguntas son simples» porque no buscan la adopción de normas específicas, sino que pretenden conocer la opinión de la ciudadanía sobre temas relevantes.
El funcionario también abordó los comentarios sobre la naturaleza de las preguntas de la consulta, que algunos consideran excesivamente obvias. Benedetti precisó que estas preguntas fueron inicialmente rechazadas por el Senado en la Comisión Séptima, y que, por tanto, son cuestiones que requieren nueva atención. Además, reiteró la significancia del plazo de 30 días que tiene el Senado para pronunciarse, ampliando el contexto sobre cómo procederá el Gobierno tras la votación.
Finalmente, el ministro del Interior clarificó el proceso necesario para que la consulta tenga efecto legislativo. Indicó que para que cada pregunta sea aprobada se necesita alcanzar dos terceras partes de los votos, lo que equivale a unos 13.6 millones de sufragios. Posteriormente, las preguntas aprobadas regresarán al Congreso, donde se les dará un nuevo examen. Si el Legislativo no actúa en un plazo estipulado, el presidente tendrá la facultad de crear un decreto-ley que abordará esos temas, cerrando así el ciclo de la consulta con un marco normativo pertinente.
