El pasado martes, las calles de dos favelas de Río de Janeiro se convirtieron en un escenario de caos y violencia tras un megaoperativo policial destinado a desmantelar al Comando Vermelho, una de las bandas criminales más poderosas de Brasil. Esta operación, considerada la más letal en la historia del país, dejó un saldo trágico de más de 120 muertos, incluidos cuatro policías. La devastación resultante ha suscitado condenas por parte de grupos de derechos humanos, que la califican de masacre y critican su impacto en la política de seguridad del estado. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también se ha pronunciado, expresando su horror y subrayando la necesidad de encontrar soluciones más efectivas y menos mortales para el problema del crimen organizado en el país.
Durante el operativo, los oficiales incautaron una cantidad alarmante de armamento, con un total oficial de 93 fusiles, aunque algunos reportes mencionan más de 100. El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, celebró esta incautación en sus redes sociales, destacando la importancia de desmantelar la infraestructura armada del Comando Vermelho. Sin embargo, la situación se tornó crítica cuando se corroboró que la banda criminal empleó drones armados para atacar a las fuerzas de seguridad, marcando un cambio drástico en la naturaleza de los enfrentamientos entre grupos delictivos y las autoridades. Según Roberto Uchôa, expolicía y investigador, este uso de tecnología avanzada indica que el combate urbano ha evolucionado, planteando nuevos retos difíciles de abordar.
La pregunta sobre cómo los fusiles llegan a manos del crimen organizado en Brasil se vuelve crucial en este contexto. Investigaciones recientes han demostrado que, aunque los fusiles representen apenas una porción de las armas incautadas, su número ha ido en aumento desde 2019. En ese año se registraron 1,139 fusiles incautados, cifra que se elevó a 1,650 en 2023. Los grupos criminales dependen de estas armas de alto calibre para mantener el control territorial y hacer frente a la policía, lo que ha llevado a las fuerzas del estado a utilizar tácticas más agresivas y a emplear vehículos blindados para enfrentar a una resistencia armada creciente.
Los expertos han identificado varias fuentes de abastecimiento de armas, que van desde la producción legal en Brasil que termina en el mercado negro hasta fusiles importados y fabricados de forma clandestina. Durante el mandato de Jair Bolsonaro, las leyes sobre la posesión de armas se flexibilizaron, permitiendo un notable desvío hacia el tráfico ilegal. Aunque se realizaron cambios legislativos en 2023, muchos de los que ya poseían armas no están obligados a devolverlas, perpetuando el ciclo de violencia. Adicionalmente, se ha descubierto que el tráfico de armas se lleva a cabo mediante rutas que incluyen a Paraguay como un punto de paso para la entrada de armamento ilegal proveniente de Estados Unidos y Europa.
La introducción de drones en el conflicto urbano muestra cómo los grupos criminales han comenzado a adoptar tecnología de combate moderna. Como señala Uchôa, el uso de drones por parte del Comando Vermelho no es solo un desafío estratégico, sino que representa una revolución tecnológica en el terreno del crimen organizado. Desde su uso inicial para transportar drogas hasta su capacidad actual de lanzar granadas, la adaptación de estas tecnologías en el crimen va en aumento, lo que exige una revisión urgente de las tácticas de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, abordarlo de manera efectiva requerirá no solo más fuerza bruta, sino también una inversión significativa en inteligencia y monitoreo preventivo para frenar el flujo de armas y tecnologías hacia las organizaciones criminales.
