Colombia vive un momento de profunda conmoción tras dos graves ataques atribuidos a disidencias de las FARC que dejaron al menos 19 muertos y más de 65 heridos. Los atentados, que tuvieron lugar el 22 de agosto, consistieron en un explosivo contra una base militar en Cali y el derribo de un helicóptero en Amalfi, Antioquia. El presidente Gustavo Petro calificó esta jornada como «un día de muerte», y tanto él como su ministro de Defensa señalaron a las disidencias como responsables, vinculando los ataques a facciones específicas del grupo armado. La situación ha reavivado el debate sobre la paz en el país, que aún lucha con las secuelas de la guerra interna y el surgimiento de nuevos grupos violentos tras el acuerdo de paz de 2016.
El atentado en Cali se considera uno de los peores ataques terroristas en Colombia desde 2019, cuando una explosión por parte del ELN dejó 21 muertos en la escuela policial General Santander. Según las autoridades, el ataque en Cali fue perpetrado usando cilindros bomba cargados en un camión, dirigido hacia la base aérea Marco Fidel Suárez. El alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, anunció un estado de emergencia tras la explosión que dejó seis civíles fallecidos y varias estructuras dañadas. Este incidente refleja el creciente desafío al que se enfrenta el gobierno en su lucha contra la violencia armada, especialmente en regiones donde la actividad de disidencias de las FARC ha resurgido con fuerza.
En Amalfi, el ataque más impactante fue el derribo de un helicóptero policial, acción calificada por el general de la Policía como «terrorista», resultando en la muerte de 13 agentes. Estas acciones ocurrieron mientras las fuerzas de seguridad realizaban labores de erradicación de cultivos ilícitos, lo que ha intensificado la presión sobre el gobierno para abordar la violencia derivada de la narcocultura y el crimen organizado. Aunque inicialmente se atribuyó el ataque al Clan del Golfo, el ministro de Defensa más tarde indicó que la facción escindida de las FARC, liderada por alias Calarcá, es la verdadera responsable. Este cambio de responsabilidad pone de manifiesto la compleja red de grupos armados que operan en Colombia.
La respuesta del gobierno de Gustavo Petro fue inmediata, aunque inicialmente se consideró la posibilidad de declarar un «estado de conmoción interior», esta opción fue descartada. En su lugar, se estableció un Puesto de Mando Unificado para coordinar reaccciones ante la emergencia y aumentar la presencia militar en las zonas afectadas. El alcalde Eder anunció medidas de restricción en la circulación de vehículos pesados y recompensa a la ciudadanía para facilitar la captura de los responsables. Estas acciones indican la urgencia con la que el gobierno busca restaurar el orden y enfrentar la creciente violencia en un contexto donde los ataques se van volviendo más sofisticados y mortales.
El recrudecimiento de la violencia ha llevado a que los ciudadanos colombianos revivan temores de décadas pasadas, cuando el país vivió una grave crisis de seguridad por parte de guerrillas, narcotraficantes y grupos paramilitares. A pesar de que la violencia actual no alcanza los niveles de aquellos años, los expertos advierten sobre la alarmante tendencia a la que se enfrenta el país, con un resurgimiento de grupos armados que están recuperando capacidades operativas. Esto pone una presión adicional sobre el gobierno de Petro, cuyos opositores critican abiertamente su enfoque conciliador hacia estos grupos armados, sugiriendo que podría haber contribución a la actual ola de violencia que ha cobrado vidas y ha dejado un rastro de destrucción en diversas regiones de Colombia.
