Después de años de investigaciones y seguimientos, las autoridades de Costa Rica lograron capturar a Alejandro Arias Monge, conocido como «Diablo», el narcotraficante más buscado en el país. La detención se llevó a cabo en la madrugada del 24 de julio en una operación compleja que se prolongó por más de una hora y estuvo marcada por un intenso tiroteo, dejando a ocho agentes considerados heridos y a un presunto miembro de su organización muerto. Junto a Arias, también fue detenido Jonathan Pérez Méndez, alias «Tan», quien era considerado su segundo al mando en la organización criminal. El director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, destacó que la operación se realizó en una finca en Sarapiquí, en la provincia de Heredia, una zona estratégica próxima a la frontera con Nicaragua. Este hecho fue someramente celebrado por la Embajada de Estados Unidos en San José, que había ofrecido una recompensa significativa de 500,000 dólares por información que llevara a su captura, ya que lo consideraba el líder de una violenta red del crimen transnacional.
La historia de Alejandro Arias Monge es la de un ascenso temprano en el mundo del crimen. Nacido el 19 de septiembre de 1984 en Santa Rosa de Ticabán en Limón, su carrera laboral inició en plantaciones bananeras. Sin embargo, su camino cambió drásticamente alrededor de 2010, cuando comenzó a ser vinculado con actividades delictivas como asaltos y robos a viviendas. Con el tiempo, su modus operandi se expandió hacia el robo de camiones de carga y agroquímicos. En 2015, su nombre ya era bien conocido entre las autoridades debido a su posible implicación en el asesinato de Ademar Jiménez Gómez, un homicidio que marcó el inicio de su notoriedad como narcotraficante y que finalmente lo llevó al enfrentamiento con otros capos del narcotráfico en Limón.
La peligrosa trayectoria criminal de «Diablo» continuó caracterizándose por el uso de la violencia extrema y por la manipulación del narcotráfico en Costa Rica. Las disputas territoriales con otros grupos delictivos, específicamente con Michael Alfredo Moreno Borbón, alias «Pechuga», resultaron en un incesante derramamiento de sangre, acumulando en la última década un alarmante número de alrededor de 150 muertes, incluyendo torturas y asesinatos brutales. Esta escalofriante situación ha impactado la imagen de Costa Rica, un país que históricamente se consideraba uno de los más seguros de la región. En años recientes, el aumento de homicidios ha sacudido la realidad social del país, donde se reportaron aproximadamente 873 muertes violentas solo en 2025, siendo más del 60% atribuidas a rencillas entre grupos narcotraficantes como el de Arias.
Además de su brutalidad, la astucia de Arias le permitió utilizar su riqueza como un arma eficaz en su guerra contra las autoridades. En 2020, se hicieron públicos audios en donde se le escuchaba ofreciendo grandes sumas de dinero por la muerte de oficiales de policía y miembros del OIJ, revelando un intento directo de debilitar a las fuerzas de seguridad a través del terror y la corrupción. En sucesivas ocasiones, algunos operativos policiales, que parecían estar a punto de culminar con su captura, fracasaron debido a la posible colaboración de agentes corruptos a cambio de sobornos. Esta manipulación del sistema por parte de los narcotraficantes se vuelve una preocupación constante para las instituciones encargadas de la seguridad en el país.
La reciente captura de Arias y su decisión de contar con Cristian Rodríguez Arce como abogado defensor, apodado por los medios como «el abogado del Diablo», ha reavivado las inquietudes sobre la corrupción en el sistema judicial costarricense. Rodríguez, quien fue fiscal penal hasta 2020, enfrenta un claro conflicto de intereses, ya que anteriormente había trabajado en el sistema que ahora debe juzgar a su cliente. Aunque su defensa alega que no hay peligro de fuga, especialistas advierten que la implicación del narcotraficante en redes internacionales de tráfico de drogas, particularmente con actividades que vinculan a Colombia y México, podría llevar a que México solicite la extradición de Arias. La situación actual continúa generando expectativa sobre cómo el sistema judicial costarricense manejará este caso emblemático del narcotráfico en el país.
