Después de un largo proceso de conteo que se extendió por más de un mes, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú (JNE) confirmó a los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez como los finalistas que competirán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, programada para el 7 de junio. En la primera ronda, Fujimori, la candidata del partido Fuerza Popular, obtuvo 2.877.678 votos, lo que equivale al 17,92% del total, mientras que Sánchez, del partido Juntos por el Perú, alcanzó 2.015.114 votos, alrededor del 12,03%. Rafael López Aliaga, el candidato conservador, quedó fuera de la contienda por un estrecho margen, recibiendo 1.993.904 votos, es decir, el 11,90%. El presidente del JNE, Roberto Burneo, enfatizó que las decisiones adoptadas son definitivas y no serán modificadas, lo que brinda un cierre a un proceso electoral marcado por la controversia y la fragmentación del voto.
La jornada electoral del 12 de abril estuvo plagada de dificultades, incluyendo retrasos en la instalación de las mesas de votación y problemas logísticos que obligaron a extender la jornada electoral en algunos centros hasta el lunes siguiente. La situación electoral fue aún más compleja debido a la fragmentación del voto, ya que más de 30 candidaturas participaron, ninguna de las cuales logró superar el 20% de los votos en la primera vuelta. Este contexto crea un escenario difícil para el nuevo presidente que heredará un Perú caracterizado por la desconfianza en las instituciones políticas, después de haber visto a nueve presidentes en el transcurso de la última década, un reflejo de la inestabilidad política que ha afectado al país.
Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, busca la presidencia por cuarta vez, habiendo sufrido derrotas en las anteriores tres ocasiones. Su carrera ha estado marcada por la controversia y la polémica, especialmente tras haber estado involucrada en el escándalo de Odebrecht, del cual logró salir gracias a la favorable resolución del Tribunal Constitucional. Su campaña busca atraer a votantes que anhelan orden y estabilidad, apelando a la figura de su padre, quien es visto por algunos como el líder que logró devolver la seguridad al Perú en tiempos de crisis. Sin embargo, su legado también es motivo de división, debido a la historia de violaciones a los derechos humanos bajo su mandato, por lo que su apellido es tanto un activo como un obstáculo en su búsqueda por la presidencia.
Roberto Sánchez, en cambio, ha sido capaz de capitalizar su relación con el derrocado expresidente Pedro Castillo. A pesar de que muchos pensaban que su cercanía a Castillo sería un estigma político, logró transformar esta asociación en una ventaja al reivindicar su legado y mantener una conexión con el electorado que respaldó a Castillo. Su estilo calmado y su postura conciliadora le han permitido navegar por las turbulentas aguas de la política peruana, diferenciándose de otros miembros del gabinete que enfrentaron consecuencias legales tras el fallido intento de Castillo de disolver el Congreso. Su ascenso en las encuestas en las semanas previas a la votación refleja un cambio en el sentir de los votantes, especialmente en el sur, donde se ha cultivado un resentimiento hacia la élite política limeña.
Las elecciones del 7 de junio no solo son una oportunidad para que Fujimori y Sánchez se enfrenten en busca de la presidencia, sino que también marcan una encrucijada crucial para la democracia peruana. Las crisis políticas anteriores han sembrado desconfianza en el electorado y han llevado al país a una situación que algunos califican de ‘economía zombi’, donde el crecimiento se ha estancado y la inestabilidad persiste. El nuevo presidente no solo enfrentará el reto de restaurar la confianza en las instituciones, sino que también deberá lidiar con un Congreso que vuelve a ser bicameral y con el poder de destituirlo, creando un paisaje político complicado que anticipa una gobernabilidad muy limitada en los años venideros.
