La disputa en La Calera respecto al uso de aguas subterráneas se intensifica a medida que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) se acerca a una decisión crítica sobre la solicitud de renovación de la concesión hídrica concedida a Coca-Cola a través de su embotelladora INDEGA S.A. Este debate es fundamental en un contexto donde la escasez de agua se ha convertido en una preocupación central tanto para la comunidad como para los sectores ambientales. La situación se agrava por el hecho de que la captación de Coca-Cola proviene de manantiales subterráneos, cuya calidad debe ser evaluada antes de ser considerada potable, lo que añade otra capa de complejidad a la discusión.
Desde su autorización inicial en 1984, la planta de Coca-Cola ha renovado su concesión cada diez años, pero el reciente vencimiento coincide con una crisis hídrica significativa en la región, impulsada por el fenómeno de El Niño. Esta crisis ha llevado a Bogotá, junto con sus municipios aledaños, a implementar racionamientos de agua, lo que ha despertado un creciente descontento ante el uso industrial del recurso. A medida que los habitantes enfrentan la escasez, la necesidad de repensar la concesión de Coca-Cola se vuelve más urgente, planteando preguntas sobre la ética de priorizar el consumo industrial frente a las necesidades de la comunidad.
El clamor popular ha crecido en los últimos meses, con numerosas investigaciones periodísticas y denuncias por parte de comunidades que sostienen que Coca-Cola mantiene su operación de embotellado sin reducción en su volumen de captación, a pesar de la crisis. Este clima de incertidumbre ha llevado a organizaciones ambientales y líderes locales a cuestionar los estudios que apoyan la renovación de la concesión. La CAR, reconociendo la relevancia de la situación, organizó una audiencia pública donde más de 280 participantes expresaron sus preocupaciones, reflejando la creciente presión social en torno al uso de un recurso vital como el agua.
Aunque la embotelladora presentó un informe que asegura que su actividad no impacta negativamente las fuentes hídricas locales, estos argumentos fueron refutados por la Corporación Geoambiental Terrae, que señaló fallos en la metodología de los estudios presentados por Coca-Cola. Según expertos, estas inconsistencias invalidan las conclusiones sobre el volumen de agua extraído y su efecto en el entorno ecológico. Así, la comunidad exige estudios independientemente realizados, que aseguren una evaluación fidedigna sobre la sostenibilidad del proyecto y su impacto en el ecosistema local.
El debate no se limita a la cuestión ambiental, sino que también toca temas económicos, como las tarifas que Coca-Cola paga por el uso del agua y el modelo de gestión hídrica en la región. Durante la audiencia, el alcalde de La Calera, Juan Carlos Hernández, enfatizó la necesidad de considerar el interés general en la toma de decisiones. Se ha propuesto una reducción del caudal autorizado para la captación, actualmente en 3,25 litros por segundo, como una solución temporal que podría equilibrar el flujo hídrico, aunque líderes comunitarios advirtieron que cualquier decisión debe posponerse hasta contar con análisis más exhaustivos. La discusión sobre el futuro hídrico de La Calera sigue, y la CAR se enfrenta al desafío de decidir con responsabilidad en un momento tan crucial.
