El debate sobre la obligatoriedad de la vacunación infantil cobra fuerza en Colombia, a raíz de las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, durante un evento en Bogotá. Jaramillo afirmó que el Estado podría intervenir y obligar a vacunar a los menores en caso de negativa por parte de los padres, citando la creciente preocupación por los casos de fiebre amarilla en el país. Con 37 casos confirmados y 17 fallecidos hasta la fecha, el tema de la vacunación se vuelve crítico, especialmente al considerar el interés superior del niño, que debería prevalecer en decisiones que afectan su salud.
Las palabras del ministro Jaramillo encendieron una controversia en torno a los límites de la patria potestad frente a la protección de la salud pública. Organizaciones de padres y grupos antivacunas criticaron la postura del ministro, viéndola como una injerencia en los derechos familiares y la autonomía parental. La Ley 1098 de 2006 protege el derecho de los niños a la vida y la salud, pero se enfrenta a la Ley Estatutaria 1751 de 2015, que establece que nadie puede ser tratado contra su voluntad, generando un debate legal sobre la obligatoriedad de las vacunas.
En respuesta a las críticas, el Ministerio de Salud realizó una aclaración, enfatizando que la intervención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) se limitaría a situaciones excepcionales donde la vida de los menores esté en riesgo. Por tanto, no se trata de imponer una medida general en contra de la voluntad de los padres, sino de actuar en emergencias sanitarias. Esta aclaración busca restaurar la confianza y asegurar a la población que las acciones del gobierno se realizarían dentro de los marcos legales establecidos.
El gobierno también destacó que la vacunación contra la fiebre amarilla es gratuita y accesible a través de más de 3,000 puntos en el país, subrayando la efectividad de una sola dosis que puede proporcionar inmunidad de por vida. A pesar de que no hay una obligatoriedad explícita en el Plan Ampliado de Inmunización, el Decreto 109 de 2021 menciona la obligación del Estado de garantizar la disponibilidad de estas vacunas para prevenir enfermedades infecciosas, reafirmando su compromiso de salud pública.
Finalmente, el Ministerio de Salud anunció inversiones significativas para fortalecer la campaña de vacunación y reactivar controles en aeropuertos y terminales para verificar la vacunación de viajeros de áreas de riesgo. Jaramillo hizo un llamado a la comunidad a priorizar la salud de los menores, invitando a las familias a vacunar a sus hijos gratuitamente, incluyéndolos a todos los migrantes. «La salud de los niños es una prioridad que nos une como sociedad», concluyó el ministro, refiriéndose a la vacunación como la herramienta más eficaz contra la fiebre amarilla y otras enfermedades prevenibles.
