Recientemente, las mesas técnicas convocadas por el Ministerio de Salud, bajo la dirección del ministro Guillermo Jaramillo, han suscitado controversia tras las críticas de varios participantes. Este espacio de diálogo fue establecido a raíz de una orden de la Corte Constitucional, que buscaba analizar si el ajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es suficiente para cubrir las necesidades de atención de los afiliados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Sin embargo, aunque la mesa se llevó a cabo durante seis semanas, muchos de los asistentes expresaron que las discusiones fueron más formales que sustantivas, describiendo el ambiente como poco técnico y carente de datos cuantitativos necesarios para tomar decisiones informadas.
Las seis mesas de trabajo, que abordaron distintos aspectos de la UPC, incluían participantes del Gobierno, pacientes, instituciones prestadoras de servicios de salud, EPS, académicos y representantes de instituciones de control como la Procuraduría y la Contraloría. Según testimonios de dos participantes anónimos, la falta de cifras fue un tema recurrente durante las sesiones. «Nunca se analizaron las tablas o bases de datos, y los datos necesarios para discutir la UPC llegaban incompletos o no eran entregados», afirmaron, lo que puso en tela de juicio la efectividad del proceso y su capacidad para evaluar realmente la viabilidad de la UPC para el año 2024.
En medio de las discusiones, el vocero de Nueva EPS, Humberto Navarro, insistió en que, según sus estimaciones preliminares, la UPC para el próximo año debería incrementarse en un 11% adicional al ajuste propuesto del 12.01%. Su afirmación subraya una preocupación general entre las EPS: la necesidad urgente de un aumento de fondos para poder seguir ofreciendo servicios de salud adecuados a sus afiliados. Sin embargo, este análisis se realizó sin la claridad necesaria sobre la calidad de la información y los insumos, lo que genera dudas sobre la precisión de las proyecciones.
Además, a la convocatoria no asistieron representantes de algunos sectores relevantes, como las asociaciones científicas y las universidades privadas, lo que ha generado críticas adicionales sobre la inclusividad y relevancia del ejercicio. Según la oficina de comunicaciones del Minsalud, esta decisión se tomó para ajustarse a la orden de la Corte, que busca limitar a aquellos actores estrictamente relacionados con el cálculo de la UPC. No obstante, esta exclusión ha planteado interrogantes sobre la integridad del proceso y su capacidad para reflejar la diversidad de perspectivas necesarias para un análisis completo.
Las conclusiones que emanen de estas mesas técnicas serán integradas en un documento que será enviado a la Corte Constitucional y a la Comisión Asesora de Beneficios, Costos, Tarifas y Condiciones de Operación del Aseguramiento. Esta instancia tiene la responsabilidad de determinar el incremento definitivo de la UPC, por lo que el resultado de la mesa será crucial para abordar la crítica situación del sistema de salud en el país. Sin embargo, la falta de datos concretos y una discusión efectiva en las mesas podría comprometer la calidad de las recomendaciones que se emitan, lo que mantiene un clima de incertidumbre sobre el futuro del sistema de salud colombiano.
