Imbabura, en el norte andino, se mantiene como epicentro de las protestas convocadas por la Conaie contra la eliminación del subsidio al diésel. Este lunes, en Otavalo, unos mil manifestantes atacaron un destacamento policial, dañaron sus instalaciones y prendieron fuego a diez vehículos, entre ellos unidades policiales y privados. Detenciones se reportaron tras el ataque, entre ellas doce indígenas procesados por terrorismo y dos venezolanos a quienes el Gobierno vincula con la banda Tren de Aragua, a la que cataloga como terrorista. La ministra de Gobierno, Zaida Rovira, tildó de terrorismo esas acciones y afirmó que hubo una emboscada a un convoy que llevaba ayuda a la zona norte, en la madrugada de este domingo.
En medio de las tensiones, la noche de este domingo un contingente, que llevaba ayuda humanitaria, partió desde Quito rumbo al norte para apoyar a las comunidades afectadas. La Conaie advirtió que ese despliegue busca intensificar la represión contra pueblos que mantienen su resistencia. En paralelo, la organización denunció la muerte de Efraín Fuerez, comunero de Cuicocha, presuntamente abatido por un disparo de las Fuerzas Armadas. Ni la Presidencia, la Policía ni el Ministerio del Interior se han pronunciado aún sobre esa denuncia.
La Conaie denunció, además, represión en La Esperanza (Imbabura) y publicó videos de un amplio despliegue militar. También informó de bloqueos y limitaciones en la señal de internet en Cotacachi y Otavalo, y difundió imágenes de movilizaciones en la provincia de Bolívar. Por la rotura de la red de distribución bajo el puente Rumipamba, causada por las manifestaciones, la Empresa de Agua Potable de Ibarra indicó que varias parroquias de Caranqui presentan baja presión o suspensión del servicio. Los equipos de emergencia trabajan para reparar el daño sin éxito hasta el momento.
El detonante de las protestas fue la eliminación del subsidio al diésel decretada hace dos semanas, que elevó el precio de ese combustible de 1,80 a 2,80 dólares por galón. La Conaie exige la liberación de los detenidos y la derogación del decreto; sin embargo, el presidente Daniel Noboa se mantiene firme, argumentando que los alrededor de 1.100 millones de dólares de egreso fiscal que representaba la subvención se están entregando ya a los sectores más vulnerables. Añade que eliminar el subsidio golpea a redes criminales vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal. El movimiento indígena ya lideró protestas en 2019 y 2022 que llevaron a Moreno y Lasso a retroceder con medidas similares para cumplir metas del FMI.
El movimiento indígena ha sido protagonista de la dinámica política del país, encabezando protestas que en 2019 y 2022 llevaron a que los presidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso retrocedieran en intentos de eliminar subsidios estatales a los combustibles. A la fecha, las protestas se han registrado en al menos cinco de las 24 provincias, y la Conaie advierte que endurecer la respuesta estatal no amedrentará a los manifestantes. El Ejecutivo sostiene que la medida protege a los sectores más vulnerables y que, al eliminar el subsidio, se desmantelan redes criminales vinculadas al narcotráfico y a la minería ilegal, mientras la Conaie advierte que las protestas continuarán hasta que se restituya el subsidio.
