El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha ampliado el estado de excepción que fue decretado hace dos días debido a las crecientes protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. En un nuevo decreto, Noboa ha incluido a la provincia andina de Chimborazo dentro de las regiones afectadas, las cuales ya contemplaban las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas, justificando la medida por «grave conmoción interna». Esta expansión del estado de excepción busca controlar la situación de descontento social que ha comenzado a desbordarse en varias regiones del país.
En el marco de este estado de excepción, Noboa ha instaurado un toque de queda nocturno en las provincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Bolívar y Chimborazo, que se extenderá de las 22:00 a las 5:00 horas. Aquellos que sean encontradas en las calles durante el toque de queda podrían enfrentar detenciones, lo que ha generado preocupación entre los ciudadanos. La medida tiene como objetivo garantizar la seguridad pública y minimizar la alteración del orden, tras el anuncio de un ‘paro nacional indefinido’ por parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) en respuesta a la eliminación del subsidio.
La decisión de eliminar el subsidio al diésel, que ha llevado a un aumento drástico en el precio del combustible —de 1,80 a 2,80 dólares por galón— ha desatado protestas. Los líderes indígenas, con un legado de movilizaciones anteriores en 2019 y 2022 contra políticas similares, han llamado a la ciudadanía a unirse al paro, lo que podría intensificar la tensión social en el país. El Decreto Ejecutivo 146 resalta que las obstrucciones en las vías y las manifestaciones han interferido con la libertad de movimiento y los derechos de los ciudadanos, justificando así la implementación de medidas de control.
El presidente Noboa también ha subrayado la importancia de respetar el derecho a la protesta pacífica, pero ha señalado que las acciones de los manifestantes han impactado severamente las actividades diarias de la población. Según el decreto, las fuerzas armadas y la Policía Nacional tendrán la autoridad de identificar a quienes no acaten el toque de queda. Esta situación resalta la complejidad del contexto político y social de Ecuador, donde el descontento con las políticas económicas se entrelaza con luchas por derechos sociales y reivindicaciones históricas.
A medida que Ecuador navega por este clima de tensión, el gobierno de Noboa enfrenta el desafío de equilibrar la necesidad de mantener el orden público con la demanda de los ciudadanos por sus derechos. La reforma del subsidio al diésel, considerada una medida crucial por las implicaciones económicas, ha reabierto viejas heridas y generado un escenario propenso a la confrontación. La capacidad del presidente para manejar la situación y lograr un consenso social será clave para la estabilidad futura del país, mientras las protestas se organizan contra un trasfondo de reivindicaciones económicas y derechos indígenas.
