El presidente de la República, Gustavo Petro, ha decidido denunciar a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) por presuntas irregularidades y prevaricato, tras la prohibición de transmitir un mensaje institucional relacionado con la consulta popular y las manifestaciones del Día del Trabajador. La controversia se desató después de que la CRC rechazara la solicitud presentada por la Presidencia, argumentando que el contenido no cumplía con los fines establecidos para este tipo de espacio institucional. Este hecho ha sido interpretado por Petro como un acto de censura que limita el derecho a la información de los ciudadanos.
La situación se presentó en un contexto tenso, donde el presidente había planeado dirigirse a la nación el 28 de abril para hablar sobre la consulta popular y las marchas programadas para el 1 de mayo. La CRC sugirió que el Gobierno realizara dos mensajes separados: uno para promover la marcha del Día del Trabajo y otro para informar sobre el proceso de la consulta popular que se discutirá en el Senado. Sin embargo, Petro ha considerado que esta decisión afecta el acceso a información relevante y oportuna para la ciudadanía.
Desde su cuenta en la red social X, el presidente Petro expresó su indignación al considerar que la decisión de la CRC representa un nuevo acto de censura. Añadió que la Comisión nunca ha intervenido para evitar la difusión de calumnias en su contra ni para dar voz a las víctimas de actos de violencia y genocidio en el país. Este episodio ha reabierto el debate sobre la libertad de expresión y el papel de las instituciones en la regulación de los medios de comunicación.
En respuesta a las acusaciones del mandatario, Sadi Contreras, comisionado de la CRC, aclaró que su decisión no constituye censura, sino que se enmarca en el cumplimiento de la ley que define lo que se considera un mensaje institucional. Contreras también subrayó que invitar a los ciudadanos a participar en una consulta popular no se alinea con las pautas para mensajes institucionales, y enfatizó la importancia de mantener la imparcialidad política en las comunicaciones del Estado.
Ante estas tensiones, se espera que la denuncia formal del presidente Petro contra la CRC genere un debate más amplio sobre la regulación de los mensajes institucionales y la libertad de expresión en el país. Este caso es un claro ejemplo de la complejidad que enfrentan los gobiernos en su intento por comunicar de manera efectiva y transparente, mientras navegan por las limitaciones legales y las preocupaciones sobre la censura y el uso político de los medios.
