La reciente escalada de violencia en la región del Catatumbo ha llevado al Gobierno colombiano a un hito significativo en su estrategia de paz total. La ofensiva del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fue tan intensa y dominante, que forzó a los disidentes del Frente 33 de las FARC a aceptar la propuesta de paz formulada por el presidente Gustavo Petro. Esta decisión, pese a la gravedad de las circunstancias y el contexto de guerra, abre un canal crucial para la reintegración de estos grupos armados ilegales al tejido social y civil del país. Sin embargo, la realidad del terreno sigue siendo compleja y tensa, con la región continúan siendo escenario de disputas armadas entre diferentes actores.
Los disidentes del Frente 33 se preparan para trasladarse a una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el área rural de Tibú, en Norte de Santander. Este proceso se formalizará tras la firma de la Resolución 161, la cual establece que durante su estancia en la ZUT, las órdenes de captura contra ellos quedarán suspendidas. Durante este tiempo, el Gobierno se comprometió a proporcionar seguridad y desarrollar programas para su reincorporación. Sin embargo, la incertidumbre persiste en torno a la eficacia de estas medidas, dado el contexto de violencia que continúa afectando a la comunidad.
La región del Catatumbo es clave en el mapa del narcotráfico colombiano, concentrando una significativa porción de las hectáreas de coca sembradas en el país. Datos recientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) revelan que, de las 253.000 hectáreas de coca cultivadas en Colombia, 43.866 se encuentran en el Catatumbo. Esta economía ilegítima ha alimentado la violencia y ha contribuido a la complejidad del proceso de paz, ya que garantiza que los grupos armados, como el ELN, mantengan un fuerte interés en el control de la región.
A pesar de la invitación a la paz, el ELN podría ver fortalecida su posición si los disidentes del Frente 33 abandonan el conflicto armado. Con el control exclusivo de los cultivos ilícitos, los elenos podrían mejorar su operativa en otras áreas, lo que les permitiría aumentar sus ingresos de forma significativa. La tensión entre estos grupos sigue siendo elevada, y voces como la de Andrey Avendaño, líder del Frente 33, subrayan que no abandonarán las armas mientras persistan las amenazas del ELN, perpetuando así un ciclo de confrontación que afecta a afectaciones civiles y sociales.
En medio de este conflicto, el clamor de las madres del Catatumbo se hace eco con mayor fuerza. Un grupo de mujeres, que han perdido a sus hijos y padecen la angustia del reclutamiento de jóvenes en el conflicto, ha demandado medidas urgentes para frenar la violencia. Carmen García, su portavoz, ha hecho un llamado a la acción y ha expresado el dolor que sienten, añadiendo que su única esperanza es que el Gobierno busque un mecanismo para reanudar los diálogos con el ELN. La realidad de estas familias es desgarradora, resaltando la necesidad de respuestas efectivas que aborden el sufrimiento de las comunidades que claman por un cese al fuego y un verdadero compromiso por la paz.
