La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha realizado una solicitud formal al Tribunal Supremo de Justicia de Portugal para que implementen medidas que garanticen la entrega de Diego Marín Buitrago, alias «Papá Pitufo», a la justicia colombiana. Este personaje es considerado uno de los principales cabecillas del contrabando en el país, siendo acusado de estar detrás del 80% de las operaciones ilegales que se llevan a cabo en los puertos más importantes de Colombia. Además, la Fiscalía ha relacionado a Papá Pitufo con aportes ilícitos a la campaña presidencial de Gustavo Petro, un tema que ha generado gran controversia y debate político en el país sudamericano.
Tras la decisión del Tribunal de Apelación de Oporto, que ordenó la liberación de Papá Pitufo por falta de justificación para su detención, las autoridades colombianas han reaccionado con preocupación. La Fiscalía ha propuesto varias medidas para evitar su fuga, incluyendo la retención de su pasaporte, la prohibición de salida del país y la implementación de un sistema de monitoreo electrónico. Estas medidas son vistas como esenciales para asegurar que el contrabandista no eluda la extradición y enfrente los cargos en Colombia.
El reciente fallo del tribunal portugués ha suscitado un fuerte rechazo en Colombia, incluyendo la respuesta directa del presidente Gustavo Petro, quien expresó su desaprobación ante la conducta de los magistrados. Petro afirmó que la situación es inaceptable, dado que la liberación del acusado contradice los esfuerzos del gobierno por luchar contra el narcotráfico y el contrabando que afectan al país. La controversia ha puesto de manifiesto las tensiones entre Colombia y Portugal en materia de cooperación judicial internacional.
Papá Pitufo fue arrestado en diciembre de 2024 en Lisboa, después de que Interpol emitiera una Circular Roja en su contra, lo que había permitido su aprehensión. Considerado un personaje clave en la red de contrabando marítimo, se le acredita la conexión con grupos violentos, como las disidencias de las Farc y al grupo terrorista Hezbolá. Su amplio espectro de operaciones criminales ha llevado a las autoridades colombianas a considerarlo una amenaza significativa para la seguridad nacional.
Además de su vinculación con el contrabando, se investiga el papel de Papá Pitufo en la campaña electoral de Gustavo Petro en 2022. Se le acusa de haber realizado un aporte de 500 millones de pesos, lo cual el presidente ha intentado aclarar al afirmar que al enterarse de la fuente del dinero, ordenó su retorno. A pesar de su defensa, la situación ha generado un clima de incertidumbre política y ha planteado interrogantes sobre la integridad del proceso electoral en Colombia.
