«Por favor, ayúdennos», dice el mensaje escrito en un pedazo de papel que dos niñas muestran a través de la ventana de una habitación en el lujoso hotel Decápolis de Ciudad de Panamá. Este hotel, que normalmente ofrece a sus huéspedes habitaciones con vistas al mar, restaurantes exclusivos y un spa, ha sido transformado de repente en un centro de «custodia temporal» para albergar a 299 migrantes deportados de Estados Unidos. La situación ha generado preocupación y conmoción no solo entre los migrantes, quienes han levantado los brazos en señal de que están privados de libertad, sino también entre la comunidad internacional que observa con inquietud lo que sucede tras las puertas de este establecimiento.
En un día normal, el Decápolis sería un lugar de paso para turistas, pero ahora, con miembros fuertemente armados del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá custodiando el exterior, el hotel parece más un búnker improvisado que un centro vacacional. Desde la calle, la imagen es desoladora: prendas de ropa cuelgan de los marcos de las ventanas y los mensajes de auxilio escritos en letras rojas resaltan la desesperación de aquellos que se encuentran dentro. La situación se complica aún más cuando se observan a adultos y niños haciendo señales internacionales de auxilio, solicitando a gritos ayuda y atención para su situación crítica.
Los migrantes, muchos de ellos provenientes de países como Afganistán, Irán, y varios países asiáticos, llegaron a Panamá tras acuerdos entre el gobierno panameño y la administración de Donald Trump, quien implementó políticas severas de deportación. Sin embargo, de los 299 migrantes, solo 171 han optado por regresar a sus países de origen, mientras que 128 enfrentan un futuro incierto en un territorio donde sienten que su vida corre peligro. La falta de información y asistencia legal para aquellos que no desean volver a casa genera un ambiente de tensión y miedo, exacerbando la crisis humanitaria en la que se encuentran atrapados.
Las autoridades panameñas han indicado que estos migrantes serán trasladados a un campamento en la provincia de Darién, conocido por ser un punto crítico para los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos. Sin embargo, según testimonios de una iraní residente en Panamá, los migrantes han expresado su terror ante la posibilidad de ser enviados de vuelta a Irán, donde temen represalias. La falta de acceso a abogados y la prohibición de contactos con el exterior intensifican la angustia, destacando la urgente necesidad de que se respeten los derechos humanos de estas personas.
El Ministro de Seguridad Pública de Panamá, Frank Ábrego, ha defendido la posición del gobierno, afirmando que los migrantes no están detenidos, sino bajo «custodia temporal» para su protección. Sin embargo, las restricciones severas sobre su libertad de movimiento y la falta de opciones para aquellos que no quieren regresar a sus países de origen plantean serias dudas sobre la veracidad de estas afirmaciones. Con el trasfondo de una compleja política migratoria y la presión internacional, la situación de estos migrantes en Panamá continúa siendo un tema delicado y urgente que requiere atención global inmediata.
