La reciente orden de captura emitida contra Iván Velásquez, embajador de Colombia en el Vaticano, y Luz Adriana Camargo, fiscal General de la Nación, ha levantado una ola de polémica en Guatemala y Colombia. La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal requiere que ambos respondan a acusaciones en el marco del escándalo de corrupción vinculado a la constructora Odebrecht. Los delitos señalados, que incluyen asociación ilícita, obstrucción de la justicia y tráfico de influencias, son especialmente graves en un contexto donde la lucha contra la corrupción es crucial para la estabilidad política y social en la región.
La Fiscalía Especializada Contra la Impunidad (Feci) de Guatemala ha presentado evidencias que sugieren que el exministro Velásquez fue el líder de una red que, con la participación de Camargo, favoreció a Odebrecht de manera escandalosa, lo que resultó en una pérdida significativa de recursos para el país, estimándose en unos $390 millones de dólares. Esta situación es particularmente alarmante dado el historial de corrupción en Guatemala, donde las instituciones jurídicas han enfrentado numerosos obstáculos y amenazas para su funcionamiento.
Además de Velásquez y Camargo, la orden de captura se extiende a otros exfuncionarios vinculados a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), incluidos exfiscales que también son objeto de investigación. Guatemala ha procedido a solicitar a Interpol una Circular Roja, lo que permitiría la detención de los acusados en cualquier lugar del mundo. No obstante, este movimiento ha suscitado una gran controversia en Colombia, donde se argumenta que Velásquez goza de fuero diplomático, lo que podría complicar su arresto.
Las posibilidades de que estas ordenes de captura se materialicen parecen inciertas, dado que los funcionarios de la CICIG disfrutaban de inmunidad en virtud de su labor internacional. Velásquez ha respondido a la situación afirmando que su persecución es el resultado de intereses políticos corruptos que buscan desviar la atención de los verdaderos problemas del país. La respuesta de la cancillería colombiana ha sido firme, denunciando que la petición de Guatemala carece de fundamento jurídico y defendiendo la integridad de su embajador y de los principios de justicia.
No es la primera vez que se emite una orden de captura contra Iván Velásquez; en 2017 ya fue declarado persona ‘non grata’ por el entonces gobierno guatemalteco. Desde entonces, el caso ha continuado atrayendo la atención internacional, siendo defendido por el presidente Gustavo Petro, quien ha resaltado la importancia de combatir la corrupción en los países de la región. Esta situación pone de relieve no solo la fragilidad institucional en Guatemala, sino también la complejidad de las relaciones diplomáticas en medio de acusaciones graves que trascienden fronteras.
