A semanas de la controvertida intervención militar estadounidense en Venezuela, el fiscal general Tarek William Saab reportó la trágica cifra de entre 100 y 120 venezolanos fallecidos, tanto civiles como militares, a raíz de este ataque. Durante una transmisión en vivo por el canal Globovisión, Saab describió el acontecimiento como una «masacre sin precedentes» que tuvo lugar el 3 de enero en Caracas. La magnitud del evento ha suscitado indignación y cuestionamientos sobre la legalidad de los métodos utilizados por las fuerzas estadounidenses, lo que plantea serias interrogantes sobre la soberanía del país sudamericano y la justicia internacional.
El general Saab no escatimó en detalles al explicar cómo se llevó a cabo el ataque, el cual implicó el uso de «bombarderos, helicópteros artillados con misiles y armas químicas». Estas acciones resultaron en daños significativos no solo a instalaciones militares, sino también a áreas residenciales de la capital, donde se reportó un alto número de víctimas civiles, incluidas mujeres, ancianos y niños. Este dato pone de relieve la terrible realidad que enfrentan los venezolanos en medio del conflicto, así como la devastación que las operaciones militares pueden acarrear a la población civil.
En sus declaraciones, Saab también hizo hincapié en que la operación militar va en contra de la Constitución de Estados Unidos y de múltiples convenios internacionales de derechos humanos, como los establecidos por la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La búsqueda de justicia se convierte en una de las prioridades para el gobierno venezolano, que hace un llamado a las instancias internacionales a condenar lo que consideran acciones ilegales e injustas. La situación genera un torrente de opiniones y una presión creciente sobre la comunidad internacional para que tome una postura clara sobre el asunto.
A medida que la situación se desarrolla, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se enfrentan a nuevos desafíos legales. Según Saab, se ha programado una audiencia judicial para marzo en Nueva York, donde ambos deberán responder a acusaciones de narcoterrorismo. Esto añade otra capa de complejidad al contexto político y militar de Venezuela, donde las acciones llevadas a cabo por Estados Unidos han desatado reacciones de rechazo y una reafirmación de la autonomía nacional por parte del gobierno venezolano.
Finalmente, Saab concluyó su declaración haciendo un llamado a la justicia estadounidense para que evalúe las acusaciones que se han hecho contra Maduro y Flores, considerando que estas son «absolutamente incoherentes e inverosímiles». Un llamado a la razón en medio de una crisis humanitaria, donde no solo está en juego la suerte de una pareja en el poder, sino también el futuro de un país exhausto, que sigue al borde del colapso mientras lidia con desafíos políticos, económicos y sociales de gran magnitud.
