La reciente entrega de Sandra Beatriz Castillo a la Fiscalía ha generado un gran interés en torno al atentado que dejó en estado crítico al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Castillo, cuyo rostro se ha vuelto conocido a través de diversos videos que la muestran dialogando con el presunto sicario, un menor de edad, ha suscitado preguntas sobre su posible implicación en el ataque. La mujer, de entre 50 y 60 años, compareció a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Usaquén en Bogotá con su abogado, lo que indica su intención de colaborar con las autoridades en la investigación.
Durante su interrogatorio, Castillo negó tener alguna relación con el atentado y describió su encuentro con el joven como un hecho fortuito y breve. Según sus declaraciones, el contacto fue insignificante y no tenía conocimientos sobre las intenciones del menor, quien minutos después disparó contra Uribe en el parque El Golfito. Sin embargo, para las autoridades, su presencia en el lugar del ataque es un elemento crucial que podría ayudar a esclarecer si existió algún tipo de coordinación o instigación por parte de Castillo.
Las imágenes donde aparece junto al presunto sicario han sido analizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Dijín, quienes consideran que estas representaciones visuales son de ‘alto interés’ para la investigación. La Fiscalía ahora se enfrenta al reto de corroborar la versión de Castillo a través de cámaras de seguridad, testimonios de testigos y otros elementos que les permitan establecer una línea clara en la trama del atentado. A pesar de que Castillo no ha sido judicializada en este momento, su rol como testigo clave la mantiene en el centro de la investigación.
Simultáneamente, el menor de 15 años que perpetró el ataque ha sido capturado y enfrenta imputaciones por porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Debido a su edad, podría recibir medidas más orientadas a la rehabilitación que a la sanción penal, lo que ha encendido el debate sobre el tratamiento legal de los menores involucrados en actos delictivos. Las autoridades están en contacto con expertos para evaluar el contexto detrás de su reclutamiento, considerando la posibilidad de la existencia de redes criminales detrás de este caso.
La investigación por el atentado contra Miguel Uribe continúa avanzando a medida que se despliegan equipos de la Dijín y del CTI para explorar todos los ángulos del caso. La búsqueda de la verdad y la identificación de los posibles autores intelectuales son fundamentales no solo para esclarecer este ataque, sino también para prevenir futuros hechos de violencia política en el país. La situación pone de relieve la urgencia de una respuesta coordinada entre las diferentes instancias del estado para abordar el preocupante fenómeno del sicariato y el reclutamiento de menores.
