El clima de tensión en Bogotá se intensificó el pasado 30 de abril de 2025, cuando integrantes de la minga indígena llevaron a cabo un bloqueo de varias horas en las entradas del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este acto de protesta, parte de las movilizaciones programadas para el 1 de mayo, generó una fuerte polémica en la capital, afectando no solo a los trabajadores del DNP, quienes quedaron atrapados en el edificio, sino también a los ciudadanos que acudían a realizar diligencias en la Superintendencia de Notariado y Registro, situada cerca de allí. La minga exigió a los funcionarios que presentaran documentos que certificaran su condición de madres cabeza de hogar, mujeres embarazadas o personas con discapacidad para poder salir.
En un video que circuló ampliamente en redes sociales, se escuchaba a una vocera de la minga explicando las condiciones para la salida de los trabajadores, enfatizando que solo aquellos que cumplían con requisitos específicos podían abandonar el edificio. «Los compañeros que no cumplan con estos requisitos les recordamos que deben retornar a sus pisos, a sus lugares de trabajo porque no podemos tener aglomeraciones aquí en la entrada», declaró, reflejando la determinación del movimiento en su exigencia de atención a los derechos de las comunidades indígenas.
Las acciones de protesta generaron preocupación entre algunos sectores de la población y autoridades locales. El concejal de Bogotá, Andrés Barrios Bernal, denunció que los trabajadores estaban «atemorizados y atrapados», comparando las acciones de la minga con una situación de control militar. Sin embargo, el DNP emitió un comunicado en el que aseguraba que la situación se había resuelto mediante el diálogo y que ningún funcionario había resultando afectado, generando desconfianza entre quienes presenciaron los hechos.
Líderes de la minga explicaron que la movilización tenía como objetivo principal exigir garantías al gobierno en relación con los derechos territoriales de las comunidades indígenas. La jornada de protestas, que inició desde temprano, terminó con el desplazamiento de los manifestantes hacia la Universidad Nacional, donde continuaron su reclamo en un Puesto de Mando Unificado (PMU), con la presencia de la Procuraduría General y otras entidades. Este movimiento refleja la creciente tensión entre el gobierno y las comunidades indígenas, que demandan respeto y atención a sus derechos.
Por otro lado, las movilizaciones también causaron un caos vial significativo en el centro de Bogotá, donde las rutas de transporte público se vieron gravemente afectadas. Especialmente en las cercanías de la estación CAD, se reportaron cancelaciones de servicios, lo cual agrava la situación para los habitantes de la ciudad que dependen del transporte público. Este episodio pone de manifiesto la complejidad de la relación entre el gobierno colombiano y las comunidades indígenas, que han recurrido a la protesta para hacer oír sus voces en medio de la incertidumbre política y social.
