El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por su implicación en un escándalo de corrupción relacionado con sobornos recibidos durante su mandato como gobernador de la región Moquegua entre 2011 y 2014. La jueza Fernanda Ayasta, al leer la sentencia en el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional, afirmó que Vizcarra «cometió actos ilícitos aprovechando su cargo» y condicionó a las empresas constructoras a pagar por obtener contratos públicos. Este fallo ha marcado un nuevo capítulo en la larga saga de corrupción que ha afectado a varios exmandatarios peruanos, quienes han enfrentado acusaciones similares en los últimos años.
Martín Vizcarra, a sus 62 años, mostró una actitud desafiante ante la sentencia y declaró no sentirse culpable, alegando que su condena es el resultado de «enfrentar al pacto mafioso» que, según él, busca silenciarlo. Esto refleja su postura de que está siendo víctima de una persecución política por parte de sus adversarios, quienes dominan el actual panorama político del país. A pesar de su pena de cárcel, afirmó que no se dejará doblegar y que Perú siempre estará primero en su agenda.
La condena no solo implica un tiempo en prisión, sino que también incapacita a Vizcarra para ejercer cargos públicos durante un periodo de nueve años. Este aspecto resulta especialmente significativo, ya que su nombre ha sido mencionado como un posible candidato en las elecciones programadas para abril de 2026. Sin embargo, la situación de Vizcarra contrasta con el apoyo manifestado por sus seguidores, quienes se congregaron frente al tribunal en Lima ululando consignas de defensa y levantando pancartas en favor del exmandatario.
Las tensiones políticas han escalado en Perú, donde incluso la historia de la inhabilitación de Vizcarra se remonta a cuatro años atrás, cuando el Congreso, dominado por opositores, decidió impedirle participar en elecciones futuras. Vizcarra, quien asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski debido a un escándalo de corrupción, también había sido un defensor ferviente de la lucha contra la corrupción, lo que añade una capa de ironía a su condena y la percepción pública en torno a su legado político.
La situación actual en Perú refleja una profunda crisis de confianza en las instituciones públicas y el sistema político. La multiplicidad de expresidentes en prisión, incluidos Pedro Castillo, Ollanta Humala y Alejandro Toledo, enfatiza un patrón de corrupción que persiste en la política peruana. Recientemente, el Jurado Nacional de Elecciones rechazó la inscripción de Vizcarra como candidato para postular en las próximas elecciones, lo que potencia la percepción de que el entorno político está siendo cada vez más hostil hacia quienes desean desafiar el status quo.
