La reciente aprobación de la Ley de Territorio Fronterizo en Nicaragua ha generado una ola de controversia y preocupación entre diversos sectores de la sociedad. Esta ley, que declara como propiedad estatal cualquier terreno, edificación o cuerpo de agua dentro de un radio de 15 kilómetros de las fronteras del país, establece un nuevo marco normativo sin consulta previa y de manera expedita por parte de la Asamblea Nacional. La justificación del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para implementar esta normativa se basa en la necesidad de reforzar la soberanía y la integridad territorial, así como combatir el narcotráfico y otros crímenes transnacionales. Sin embargo, expertos y opositores advierten sobre las posibles vulneraciones a los derechos de propiedad y los impactos económicos que tal medida podría acarrear en las comunidades fronterizas.
El texto de la ley delimita con precisión la franja que pasa a ser considerada como «propiedad del Estado», abarcando aproximadamente 12,000 km², lo que representa más de una quinta parte del territorio nacional. Esta determinación ha suscitado inquietudes, ya que el documento señala que la zona estará bajo la vigilancia del Ejército y que se renuncia a otros estatus jurídicos de propiedad. En este sentido, juristas como Eliseo Núñez han expresado que la falta de claridad sobre los procedimientos de expropiación e indemnización puede llevar a que los actuales propietarios pierdan sus tierras sin compensación adecuada. La derogación de la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que buscaba promover el desarrollo sostenible, refuerza los temores de que el nuevo marco legal prioriza el control estatal por encima del bienestar de las comunidades afectadas.
La norma también ha sido objeto de críticas severas por parte de la oposición, que la ha calificado como un intento de expropiación masiva sin debido proceso. La Unión Democrática Renovadora (Unamos) ha denunciado que este cambio afectará a un número significativo de municipios y, en particular, a agricultores e indígenas que han habitado y trabajado estas tierras durante generaciones. Los opositores temen que el gobierno utilice la ley no solo para repartir el control territorial entre sus allegados, sino también como un medio para reprimir a aquellos que se oponen al régimen, garantizando así un monopolio sobre los recursos estratégicos del país.
Expertos como Dora María Téllez han señalado que la supuesta intención de mejorar la seguridad en la frontera es poco convincente, dado que las circunstancias actuales no justifican tales medidas drásticas. Para Téllez, el verdadero objetivo del gobierno es consolidar su control sobre las tierras y recursos, permitiendo que surjan negocios ilícitos bajo un manto legal que favorece al Estado. Esto es especialmente preocupante en el contexto de las concesiones mineras otorgadas a empresas chinas en áreas que ahora caen bajo esta nueva ley, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como los derechos de las comunidades indígenas que tradicionalmente han defendido estas tierras.
Finalmente, no se puede ignorar el contexto más amplio de la deriva autoritaria de Ortega y Murillo en Nicaragua. Las reformas legales recientes han consolidado el poder del régimen y han silenciado a la disidencia a través de una serie de medidas represivas. La nueva Ley de Territorio Fronterizo se inscribe dentro de esta tendencia al autoritarismo, reforzando un control estatal que limita las libertades individuales y la propiedad privada. En un marco donde las voces críticas son cada vez más perseguidas y silenciadas, la ley no solo representa un cambio normativo, sino un despliegue táctico más amplio para mantener el poder absoluto del gobierno.
