El gobierno de Nicolás Maduro ha emitido un fuerte rechazo a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 en relación con la deportación de migrantes venezolanos. En un comunicado oficial, las autoridades de Caracas calificaron esta medida como una criminalización, «infame e injusta» a un sector de la población que, según el chavismo, es víctima de las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros gobiernos occidentales. Maduro y su administración argumentan que este acto es una violación a los derechos humanos y una herramienta para justificar la persecución de sus connacionales en territorio estadounidense.
Venezuela ha expresado su «contundente» rechazo a lo que consideran una aplicación de una «ley anacrónica» y un intento de Washington por evocar los momentos más oscuros de la historia, recordando que la Ley de Enemigos Extranjeros fue utilizada previamente para detener a estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno venezolano ha denunciado de manera «enérgica» que la decisión de Trump podría conducir a la detención y expulsión de venezolanos, incluyendo a menores de edad, bajo la acusación de pertenecer a bandas criminales como el Tren de Aragua.
Caracas ha manifestado su «profunda indignación» ante la posibilidad de que niños menores de 14 años sean considerados como miembros de grupos terroristas en un documento oficial. Las autoridades venezolanas defienden que aquellos que han dejado el país lo han hecho en busca de alternativas de vida ante la crisis económica agudizada por las sanciones. En su defensa, Maduro aseveró que los migrantes no son terroristas ni criminales, sino «víctimas» de un bloqueo del que culpan a Estados Unidos y a la oposición venezolana que, según ellos, ha solicitado la aplicación de medidas coercitivas unilaterales en repetidas ocasiones.
El mandatario venezolano también acusó a ciertos sectores de la oposición de estar detrás de una «red criminal de coyotes» que contribuye a la migración forzada de venezolanos. Este tipo de retórica se enmarca dentro del constante enfrentamiento entre el chavismo y la oposición, en un contexto donde las dificultades económicas y sociales han forzado a millones de venezolanos a abandonar el país en busca de mejores condiciones de vida. La situación ha generado una crisis migratoria que ha afectado a varios países de la región.
Por su parte, la respuesta de Washington y la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros ha suscitado críticas no solo dentro de Venezuela, sino también entre legisladores demócratas y organizaciones de derechos humanos como la ACLU. Ellos han cuestionado la proclamación de «invasión» de migrantes y la legalidad de las medidas propuestas por Trump. Este episodio resalta nuevamente la polarización y las tensiones que existen entre Estados Unidos y Venezuela, así como la respuesta de Caracas a las acciones de la administración Trump respecto a su política migratoria.
