Christian Garces, representante del Centro Democrático, ha alzado su voz enérgicamente contra lo que denomina leguleyadas utilizadas para retrasar el juicio político contra el presidente Gustavo Petro, quien se encuentra bajo una nube de investigaciones por presuntas irregularidades en su campaña. En una serie de declaraciones recientes, Garces ha cuestionado la actuación del triunvirato investigador, compuesto por los representantes Alirio Uribe, Gloria Arizabaleta y Wilmer Carrillo, acusando a Uribe de ser un defensor cercano del petrismo y, por ende, de no ofrecer imparcialidad en el proceso. La situación se agrava a medida que las denuncias acumulan polvo debido a la inacción del órgano legislativo responsable de juzgar al primer mandatario.
A lo largo de los últimos dos años, las denuncias contra Gustavo Petro han permanecido sin un avance sostenido, lo que genera frustración tanto en la oposición como en sectores de la sociedad colombiana que demandan una respuesta clara sobre las acusaciones de financiación irregular y violación de topes electorales. Garces ha argumentado que la parálisis en la Comisión de Acusaciones no es resultado de las recusaciones presentadas por la oposición, como afirman algunos miembros del triunvirato, sino de una falta de compromiso y una clara cercanía entre los investigadores y el presidente. Esta dinámica plantea dudas sobre la legitimidad de las conclusiones que podrían surgir de dicho proceso.
El congresista Garces ha denunciado también el uso indebido de tácticas jurídicas para prolongar indefinidamente el juicio político. Según sus afirmaciones, los mecanismos como derechos de petición y solicitudes que el triunvirato ha presentado para frenar el avance del juicio político son en última instancia estrategias deliberadas para evitar que se tomen decisiones. Esta situación se ejemplifica mejor con el caso de su propia recusación, que, según Garces, estuvo pendiente durante cinco meses, a pesar de que podría haber sido tratada rápidamente en la Comisión. Con esta dilación, él sostiene que se han pisoteado derechos fundamentales al desencadenar un proceso judicial esperado por muchos ciudadanos.
Garces ha señalado que la inacción del triunvirato y su aparente cercanía con Petro hacen que la situación sea aún más preocupante. En su opinión, los representantes investigados no han mostrado disposición para negociar o discutir las recusaciones de manera justa y transparente. Alirio Uribe, en particular, es visto por Garces como un agente que dificulta el progreso del juicio, sugiriendo que su cercanía con Petro le impide actuar de manera objetiva. Este escenario ha llevado a Garces a planear acciones adicionales, como la presentación de una denuncia penal, argumentando que hay suficientes pruebas para insistir en la necesidad de un juicio político rápido y efectivo.
Finalmente, el representante Garces ha expresado su preocupación sobre la dirección que está tomando la Comisión de Acusaciones y ha sugerido la necesidad de una reingeniería estructural. Focalizándose en el artículo 109 de la Constitución, Garces ha indicado que es imperativo que los juicios políticos relacionados con violaciones electorales se realicen durante el mandato del presidente en cuestión. Insiste en que la actual coyuntura evidencia un claro abuso por parte de algunos miembros de la Comisión, quienes, en su opinión, están violando la Constitución y perpetuando una situación que ha relegado a un segundo plano la necesaria rendición de cuentas del presidente frente al pueblo colombiano.
