El pasado martes, Platino de Jesús compartió con el Diario Libre la angustiante situación por la que atraviesa su familia, tras el nacimiento reciente de su hermana y su bebé, quienes se encuentran en el centro de recepción de migrantes de Haina. Después de dar a luz en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de Los Mina, en Santo Domingo, la joven de 16 años fue capturada por las autoridades migratorias, un destino que ha sido compartido por muchas mujeres haitianas en circunstancias similares. A su lado, Celeste Noel esperaba noticias inquietantes de su sobrina, también embarazada y detenida en otro centro de salud. Esta situación resalta la creciente preocupación sobre los derechos de los migrantes y los recepcionados en medio de leyes migratorias cada vez más estrictas en la República Dominicana.
Desde el inicio de esta semana, las autoridades migratorias dominicanas han intensificado las verificaciones de identificación en 33 hospitales públicos a nivel nacional, lo cual forma parte de un nuevo programa diseñado para combatir la inmigración irregular proveniente de Haití. Esta serie de operativos ha resultado en la deportación de al menos 87 mujeres haitianas que se encontraban en estado de gravidez o que recién habían dado a luz, junto con varios menores. Estas medidas han generado un clamor de protesta por parte de las organizaciones de derechos humanos, quienes cuestionan la moralidad y la legalidad de las deportaciones, recordando que la situación en Haití es crítica dado el auge de la violencia y la falta de gobierno tras el asesinato de Jovenel Moïse.
La tensión entre República Dominicana y Haití ha crecido en los últimos años, especialmente bajo la administración del presidente Luis Abinader, quien ha adoptado una postura dura, reforzando la política migratoria mediante operativos de redadas y el despliegue de soldados en la frontera. Según cifras oficiales, la población haitiana en el país supera los 500,000, y la administración ha prometido un control aún más estricto, incluyendo la deportación de hasta 10,000 haitianos indocumentados por semana. Este plan ha generado críticas tanto dentro como fuera del país, planteando serias preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos y la justicia para quienes buscan refugio de la violencia en Haití.
Las redadas y controles que se llevan a cabo en los hospitales han tenido consecuencias profundas, impactando particularmente a las mujeres embarazadas y a las madres recientes. El personal del Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de Altagracia ha reportado interrupciones en la atención a pacientes, con parturientas siendo arrebatadas de sus camas en momentos críticos. Dalina Pie, una mujer haitiana que ofrece apoyo durante los partos, calificó la situación de «abuso», preguntándose sobre el bienestar de las internas y la falta de atención médica postoperatoria que enfrentan tras ser detenidas. Estas acciones han sido objeto de escrutinio internacional por parte de organizaciones como la OMS y la OIM, que enfatizan la vulnerabilidad de estas mujeres en medio de un contexto socio-político delicado.
El panorama de violencia y caos en Haití permite ver la complejidad de la migración entre ambos países. Bridget Wooding, experta en migración, ha subrayado que las políticas actuales de deportación están siendo presionadas por grupos ultranacionalistas dentro de la República Dominicana, que han incrementado sus manifestaciones en contra de la población haitiana. Esta intensificación de las redadas está sucediendo en un momento en que el mundo observa con preocupación el deterioro de la seguridad en Haití, lo cual ha llevado a entidades como la ONU a lamentar la falta de un retorno seguro y sostenible para los deportados. Las voces que se alzan en defensa de los derechos humanos continúan llamando a la comunidad internacional a prestar atención y actuar ante lo que se define como una crisis de derechos en la región.
