La ministra colombiana de Relaciones Exteriores, Laura Sarabia, lanzó una solicitud impactante este lunes durante una sesión de la Convención de Estupefacientes de la ONU en Viena. Exigió el retiro de la hoja de coca del listado de sustancias prohibidas, argumentando que su uso debería ser reconsiderado por razones tanto científicas como prácticas. «La ciencia demostrará que la hoja de coca en sí no es perjudicial para la salud», afirmó Sarabia, enfatizando la necesidad de un análisis más profundo sobre las propiedades de esta planta, en contraposición a su estigmatización a nivel global por su vinculación con la cocaína.
La solicitud de Sarabia responde a un esfuerzo más amplio del gobierno colombiano, dirigido por el presidente Gustavo Petro, para eliminar el estigma histórico asociado con la hoja de coca. Petro ha insistido en que los campesinos e indígenas que cultivan esta planta en Colombia son en realidad víctimas del narcotráfico y no sus perpetradores. Desde que Petro asumió el poder en agosto de 2022, su administración ha estado bajo presión para balancear las acciones contra el narcotráfico con el reconocimiento de las realidades sociales que enfrentan aquellas comunidades que dependen de este cultivo.
A pesar de la solicitud de la ministra, Sarabia subrayó que esta no significa una pausa en los esfuerzos del gobierno para erradicar los cultivos ilícitos. Según sus declaraciones, desde la llegada de Petro al poder, las autoridades han realizado significativas incautaciones y destrucciones de laboratorios involucrados en la producción de cocaína. Hasta el 31 de enero de 2025, se han confiscado más de 1.9 millones de kilogramos de clorhidrato de cocaína y se han desmantelado 454 laboratorios, lo que refleja la continua lucha del país contra la producción y el tráfico de drogas.
Colombia se enfrenta a un desafío enorme, siendo el mayor productor mundial de cocaína. Según informes de la ONU, la producción de cocaína en 2023 alcanzó un récord de 2,600 toneladas, aumentando un 53% en comparación con el año anterior. Las estadísticas indican que al menos 253,000 hectáreas estaban sembradas con hoja de coca, lo que intensifica la preocupación sobre el impacto del narcotráfico en la seguridad y la estabilidad del país. La ministra Sarabia aboga por un enfoque más centrado en las circunstancias que rodean a los cultivadores de coca, en lugar de criminalizar la planta en sí misma.
Este cambio de paradigma, impulsado por la administración de Petro, busca no solo una revisión de las políticas internacionales respecto a la hoja de coca, sino también una transformación del paisaje social y económico en las regiones productoras. La ministra Sarabia espera que su petición genere un debate constructivo en la comunidad internacional, que permita abordar el complejo fenómeno de las drogas de una manera más matizada. En un momento en que Colombia busca superar sus retos históricos del narcotráfico, la declaración de Sarabia podría ser el punto de partida para una nueva era en la política antidrogas, enfocada en la comprensión, la ciencia y el respeto a las realidades culturales.
