El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, ha hecho declaraciones contundentes sobre la catastrófica insuficiencia de escoltas asignados al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Durante una entrevista en W Radio, Rodríguez admitió que el número de personal de seguridad era inadecuado, especialmente en el contexto de un atentado que ocurrió recientemente. La precariedad del esquema de seguridad se hizo evidente cuando solo dos escoltas estaban presentes el día del ataque, junto con un conductor en el vehículo blindado, lo que dejó expuesta una brecha crítica en la protección del líder opositor.
Rodríguez explicó que, al tomar el mando de la UNP, tomó la decisión de reforzar la seguridad de los congresistas, añadiendo un escolta adicional al esquema previo, así como otro a petición de Uribe. Esto otorgó un total de tres escoltas de la UNP y cuatro de la Policía Nacional, coordinados bajo un vicecomisario. Sin embargo, pese a estos esfuerzos por mejorar la seguridad, el director fue contundente al afirmar que el día del ataque solo dos de los siete miembros designados estaban en funciones, lo que dejó a Uribe vulnerable ante un atacante armado, de tan solo 14 años.
El abogado de la familia de Uribe anunció que se presentará una denuncia penal contra Rodríguez por su gestión y las deficiencias de seguridad que derivaron en el atentado. Esto se suma a la investigación que la Procuraduría ha iniciado a nivel disciplinario en contra del director de la UNP, en un intento por esclarecer las irregularidades que rodean la asignación de escoltas y el cumplimiento de las solicitudes de seguridad. Según el abogado, Uribe había enviado al menos 20 solicitudes a la UNP solicitando refuerzos de seguridad, las cuales fueron ignoradas bajo el argumento de inconvenientes administrativos.
La situación ha generado debates intensos sobre la efectividad de la UNP y el compromiso del gobierno en la protección de figuras públicas en el país. La falta de recursos y el rechazo sistemático a las solicitudes de seguridad han dejado a muchos líderes políticos expuestos a potenciales ataques, creando un clima de incertidumbre y miedo entre los opositores del gobierno. Esto se ve reflejado en eventos recientes, ya que Uribe ha tenido que operar con medidas de seguridad mínimas a pesar de los riesgos que enfrenta.
Las declaraciones de Rodríguez han sido objeto de fuertes críticas, tanto desde el ámbito político como social, ya que la incompetencia en la gestión de la seguridad de figuras públicas se traduce en una falta de protección en un contexto de creciente violencia y polarización. La denuncia y la investigación en curso podrían significar un principio de cambio demandado por muchos, que esperan una revisión de protocolos y una real inversión en la protección de líderes políticos, vital para la salud democrática del país.
