A medida que se acerca el año electoral de 2026, la Misión de Observación Electoral (MOE) en Colombia lanza una alerta sobre el futuro de las elecciones presidenciales y legislativas. Alejandra Barrios, directora de la MOE, advirtió que el contexto político actual presenta serias preocupaciones que podrían comprometer el desarrollo de un proceso democrático saludable. La propuesta de consulta popular, el transfuguismo y la creciente crisis de orden público son elementos que, según Barrios, podrían llevar a un escenario en el que los derechos de los ciudadanos para elegir libremente se vean amenazados.
En su reciente entrevista con Valora Analitik, Barrios argumentó que la implementación de una consulta popular en el año previo a las elecciones no es idónea. Señaló que el sistema electoral colombiano es delicado y que podría saturarse si se le introduce una carga adicional por estas consultas. La escasa autonomía de las organizaciones electorales podría traducirse en un colapso del sistema. «Es crucial que el ministro del Interior garantice un ambiente de equidad durante este proceso, lo que se vuelve complicado al verse involucrado en la gestión de una consulta popular legítima mientras intenta ordenar un proceso electoral ya complejo», afirmó.
El transfuguismo político, que ha cobrado fuerza recientemente en el Congreso, también representa un factor de riesgo significativo según la MOE. Barrios explicó que si se aprueba la posibilidad de que congresistas, concejales y diputados cambien de partido sin renunciar a su curul, esto abriría la puerta a la creación de un partido único, específicamente del Pacto Histórico. «Esto facilitará que muchos se cambien de partido sin enfrentar las consecuencias políticas que han acompañado este tipo de decisiones en el pasado», comentó, añadiendo que podría socavar la confianza en el sistema electoral.
Los problemas de orden público son otro tema que inquieta a la MOE. Con el aumento del número de manifestaciones y la violencia en varias regiones del país, Barrios subrayó el riesgo que esto implica para las elecciones de 2026. La Defensoría del Pueblo reportó un incremento del 9% en las manifestaciones durante el primer trimestre de 2025 en comparación con el año anterior, lo que incrementa la probabilidad de desmanes. Esta situación de inestabilidad podría contribuir a crear un clima de miedo que afecte la libre participación de los votantes.
Finalmente, Barrios concluyó que, aunque Colombia tiene experiencia en la realización de elecciones, no se garantiza la libertad total de las mismas en el contexto actual. La intervención de grupos armados ilegales podría limitar la participación política, ya que instilan miedo y coacción en las comunidades. «Es fundamental que se preserven las condiciones necesarias para que los ciudadanos voten y ejerzan su derecho a elegir, sin obstáculos que pongan en riesgo la democracia», enfatizó Barrios, dejando claro que la integridad del proceso electoral de 2026 está en juego.
