Los disidencias de Calarcá han confirmado la implicación en un mortal enfrentamiento con el Ejército en Guaviare, en el cual, según el balance reportado por los insurgentes, nueve soldados perdieron la vida y cinco más fueron capturados. A través de un comunicado publicado, los disidentes afirmaron que esta confrontación no fue un ataque premeditado, sino una respuesta legítima de defensa ante la presencia militar en el área. Este acontecimiento ha generado un clima de tensión en la región, despertando el interés de diversas organizaciones que siguen de cerca las negociaciones de paz.
Los hechos se desarrollaron el 27 de abril en Guanapalo, cuando una patrulla del Batallón de Infantería José Joaquín París realizaba su recorrido habitual para garantizar la seguridad de los firmantes de la paz en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de Charras. El Ejército, por su parte, ha mantenido una postura cautelosa, sin ofrecer todavía un balance oficial sobre la cantidad de bajas y heridos tras el enfrentamiento.
En su comunicado, los disidentes de Calarcá mencionaron que, además de los soldados caídos, uno de sus combatientes resultó herido en la confrontación. Aseveraron que los militares cautivos recibirán asistencia médica en un esfuerzo por preservar su bienestar, indicando que serán entregados a la comunidad de Guanapalo, en línea con los principios que rigen a las FARC-EP. La situación pone de manifiesto los fructíferos esfuerzos de diálogo que se han estado llevando a cabo desde hace varios meses.
Cabe destacar que el Ejército activó de inmediato sus capacidades de inteligencia y operaciones tras la noticia del ataque, buscando establecer control en la zona. Este tipo de respuesta es habitual en contextos de confrontación armada, donde se busca dar respuesta rápida a cualquier contingencia. Sin embargo, la incertidumbre sobre el número y estado de los heridos podría complicar aún más la percepción pública sobre la eficacia de las operaciones militares.
Las negociaciones entre el Gobierno y los disidentes de Calarcá han sido discontinuas desde octubre del 2022, con un cese al fuego que fue prorrogado durante 18 meses. Sin embargo, la reciente suspensión por parte del presidente Gustavo Petro del cese de hostilidades ha generado nuevos retos en la búsqueda de una solución pacífica. De acuerdo con el nuevo Decreto 448 DE 2025, se espera que el cambio en la estrategia militar permita a los disidentes avanzar hacia la dejación de armas y faciliten el proceso de paz, aunque el reciente conflicto pone en jaque estos esfuerzos.
