En las recientes campañas electorales en América Latina, el modelo de política de ‘mano dura’ del presidente salvadoreño Nayib Bukele se ha convertido en un referente clave. Su estrategia, que incluye la construcción de megacárceles y la imposición de un régimen de excepción, ha atraído la atención de líderes políticos en países como Colombia y Perú. Abelardo de la Espriella, quien lidera las elecciones presidenciales en Colombia, ha expresado su admiración por Bukele y ha prometido la construcción de siete megacárceles inspiradas en su enfoque de seguridad. En Perú, Keiko Fujimori también ha sugerido construir cuatro penales y un megapenal, evocando el modelo salvadoreño como una solución a la delincuencia en su país, reflejando así la creciente influencia de Bukele en la política regional.
El atractivo internacional de las políticas de Nayib Bukele se ha extendido incluso a sectores de la derecha radical europea. Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National en Francia, ha mencionado el exitoso modelo carcelario salvadoreño al discutir el hacinamiento en las cárceles de su país, elogiando la rápida construcción de 40,000 plazas carcelarias en El Salvador en un corto periodo. Sin embargo, los críticos argumentan que este discurso a menudo ignora las graves violaciones de derechos humanos asociadas con estas políticas. Sonja Wolf, investigadora de la Universidad Panamericana, advierte que el fenómeno del ‘modelo Bukele’ se presenta sin considerar las complejidades del régimen político en El Salvador, donde se consolidan prácticas de autocracia electoral que debilitan las instituciones democráticas.
La reciente reelección de Bukele, con más del 80% de los votos, refuerza su narrativa de éxito en seguridad. Durante su discurso post-electoral, Bukele se jactó de haber transformado El Salvador de ser el país más violento del mundo a uno de los más seguros de América, afirmando que su enfoque prioriza los derechos de la población honesta sobre los de los criminales. Sin embargo, expertos como Sonja Wolf alertan que la combinación de detenciones masivas y regulación judicial limitada ha generado un panorama preocupante para los derechos humanos en el país. Para muchos, este enfoque puede ser percibido como una solución eficaz ante la delincuencia, pero es fundamental reconocer el alto costo que implica para la democracia y las libertades civiles.
La estrategia de ‘mano dura’ de Bukele ha generado repercusiones en varios países de la región. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha intentado implementar un enfoque similar, declarando un “conflicto armado interno” y promoviendo la militarización de la seguridad. Sin embargo, las tasas de homicidio han aumentado drásticamente, lo que sugiere que la replicación del modelo salvadoreño no ha tenido el impacto esperado. Del mismo modo, Honduras, bajo el gobierno de Xiomara Castro, ha implementado medidas similares, pero su tasa de homicidios se mantiene alarmantemente alta. Los fracasos de estos intentos han llevado a expertos a cuestionar la eficacia y sostenibilidad del llamado ‘modelo Bukele’ fuera de su contexto original.
A medida que el enfoque de Bukele gana popularidad en América Latina y en algunas partes de Europa, se hace evidente que la realidad política de cada país juega un papel crucial en la implementación de estas políticas. A pesar de que la retórica de ‘mano dura’ promete soluciones rápidas a problemas persistentes como el crimen y la corrupción, el éxito a largo plazo dependerá de la preservación de instituciones democráticas robustas y el respeto a los derechos humanos. Como advierte Juanita Goebertus de Human Rights Watch, el modelo no se basa solo en el encarcelamiento masivo, sino también en la concentración de poder y el debilitamiento de la supervisión judicial, lo que puede llevar a consecuencias nefastas para la seguridad y justicia en el futuro.
