El abogado Enrique Anaya hizo resonar sus críticas al gobierno del presidente Nayib Bukele en un programa de televisión salvadoreña el 3 de junio, afirmando que quienes cuestionan al mandatario, no se arrodillan ante él, son perseguidos. A pesar de su alegato sobre la inconstitucionalidad del segundo mandato de Bukele, Anaya admitió sentir miedo debido al ambiente represivo en el que se desenvuelve. Su detención por lavado de dinero apenas días después de sus declaraciones, entrelazada con la persecución de otros críticos como la abogada Ruth Eleonora López, ha desatado alarmas sobre la creciente represión y autoritarismo en El Salvador.
La presión sobre voces disidentes ha aumentado en El Salvador desde la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros en mayo. Esta ley ha sido criticada como un mecanismo para silenciar la crítica y obstaculizar la labor de organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación independientes. Durante su discurso anual ante la nación el 1 de junio, Bukele desestimó las acusaciones de dictadura y reforzó su imagen al destacar los logros en seguridad, que le han valido una alta popularidad entre los salvadoreños, aunque casi el 60% de la población teme represalias por criticar al gobierno.
Desde el establecimiento del régimen de excepción, que ha permitido detenciones masivas, la situación para defensores de derechos humanos y periodistas ha sido crítica. Los arrestos de Anaya y López son muestra de un patrón represivo que ha llevado a muchos a huir del país, en un contexto donde el miedo predomina. Activistas aseguran que el gobierno utiliza cargos penales como represalia por su trabajo, mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por estas prácticas. Las detenciones de alto perfil han incrementado la sensación de peligro entre quienes se oponen al gobierno.
La situación ha llevado a un éxodo significativo de periodistas y defensores de derechos humanos. La directora de la organización Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, entre otros, ha optado por abandonar El Salvador por temor a ser arrestada. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) también ha informado sobre el desplazamiento forzado de alrededor de 40 periodistas, quienes sienten que sus vidas y trabajos se encuentran en grave peligro. Mientras tanto, Bukele sigue desestimando las críticas nacionales e internacionales, reafirmando su control sobre la narrativa gubernamental.
La reciente legislación y persecuciones han marcado un punto de inflexión en la política salvadoreña, poniendo en evidencia el creciente autoritarismo de Bukele. Expertos plantean que su cercanía con el expresidente Donald Trump le ha otorgado una sensación de impunidad, fortaleciendo su posición ante cualquier crítica. A pesar de advertencias de organismos internacionales y una creciente oposición dentro del país, la popularidad de Bukele permanece intacta, lo que sugiere que su enfoque autoritario podría persistir por un tiempo prolongado, mientras la disidencia sufre una creciente represión.
