El 26 de marzo de 2025, el sindicato de la Unidad Nacional de Protección (UNP) hizo oficial su solicitud para la destitución de Augusto Rodríguez, actual director de la entidad, tras cumplir 70 años el pasado 23 de marzo. Esta petición fue dirigida al ministro del Interior, Armando Benedetti, fundamentándose en la legislación colombiana que establece el retiro forzoso por edad en el servicio público, específicamente la Ley 1821 de 2016 y el Decreto 321 de 2017. El sindicato argumentó que dicha medida es necesaria para darle cumplimiento a las normativas vigentes que regulan estas situaciones laborales en Colombia.
La Asociación Sindical de Empleados de la Protección (ASEP), bajo la dirección de su presidente Yesid Barragán Ríos, se mostró firme en su postura y afirmó que la solicitud está totalmente legitimada por el marco legal. El sindicato destacó que, en caso de que la decisión del ministro Benedetti no sea favorable, están dispuestos a tomar acciones legales que garanticen el cumplimiento de la ley. Barragán Ríos también mencionó que su organización estará atenta al pronunciamiento del ministro, quien dispone de un plazo de diez días para dar respuesta a la solicitud.
Por el momento, la UNP no ha emitido una respuesta oficial ante los requerimientos del sindicato, aunque se espera que en los próximos días se haga un pronunciamiento al respecto. En declaraciones a la prensa, un vocero de la UNP sugirió que la solicitud de retiro forzoso podría no ser aplicable al director por no haberse considerado las excepciones estipuladas en la normativa relacionada. Esta postura ha generado aún más incertidumbre respecto al futuro del director Rodríguez y su permanencia en el cargo.
Es importante señalar que Augusto Rodríguez se ha mantenido como un aliado cercano al presidente Gustavo Petro, quien lo nombró al frente de la UNP al inicio de su administración. Su gestión ha sido objeto de escrutinio no solo por su edad, sino también por sus controversiales declaraciones sobre irregularidades en el financiamiento de campañas, que involucran a personas con antecedentes delictivos. Estos aspectos han exacerbado las tensiones con otros miembros del gobierno, complicando aún más su situación al frente de la UNP.
La solicitud de destitución de Rodríguez ha captado la atención de los medios de comunicación, generando un alto interés público en el desarrollo de este caso. La trascendencia de la decisión que tome el ministro del Interior podría influir en otras decisiones gubernamentales y en la percepción pública sobre la gestión de la UNP. Con la complejidad de la situación y la proximidad del pronunciamiento oficial, los próximos días se perfilan como decisivos tanto para la entidad como para su director.
