El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha decidido admitir una acción popular interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) contra varios organismos del Gobierno, incluidos los ministerios de Salud y Hacienda, así como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES). Esta acción busca proteger los derechos colectivos a la salubridad pública y garantizar el acceso efectivo a la atención sanitaria para todos los ciudadanos. La decisión del tribunal es un paso clave para abordar una crisis que ha llevado a un notable desabastecimiento de medicamentos en el país.
La demanda presentada por la Fundación FEDe Colombia exige que se tomen medidas urgentes y efectivas ante la preocupante situación del abastecimiento de medicinas, que según la organización, está poniendo en riesgo la vida de miles de pacientes. Las omisiones señaladas en el funcionamiento de varias instituciones han conducido a una falta crítica de medicamentos, lo que provoca un fuerte impacto negativo en la salud pública. La intervención del sistema judicial se considera esencial para ordenar al Gobierno a implementar acciones necesarias y eficaces que garanticen el bienestar de la población.
En su demanda, la Fundación destacó que las omisiones institucionales no solo generan perjuicios inmediatos, sino que también amenazan con causar daños irreparables a los pacientes afectados por la escasez de tratamientos médicos. Se ha señalado que las entidades responsables no han tomado las medidas adecuadas para solucionar la crisis actual y han tomado decisiones que han complicado aún más la situación del suministro de medicamentos, lo que ha desencadenado un creciente malestar social y ha llevado a una pérdida de confianza en el sistema de salud.
La organización también hizo un análisis de las causas estructurales del desabastecimiento de medicinas, mencionando que se enfrentan a problemas como trámites administrativos estancados, demoras en las importaciones y un notable déficit de financiamiento. En este contexto, el comunicado de prensa emitido por la Fundación FEDe Colombia detalla varias medidas que buscan abordar tanto las causas inmediatas como los factores estructurales de la crisis. Entre estas medidas se requiere una urgencia en el financiamiento y en el flujo de recursos destinados a la unidad de pago por capitación (UPC) para asegurar los costos de los fármacos.
Andrés Caro, director de la Fundación para el Estado de Derecho, subrayó que la situación actual no es un fenómeno aislado, sino el resultado de una serie de fallas administrativas y financieras acumuladas en el tiempo. Caro enfatizó que los derechos colectivos, especialmente el acceso a medicamentos y a servicios de salud de calidad, no deben ser vulnerados. La admisión de la acción popular por parte del Tribunal, según él, es fundamental para abrir un espacio donde se pueda abordar la crisis de salud pública, y donde el Gobierno se vea obligado a tomar las medidas urgentes que la situación requiere.
