El reciente esfuerzo de algunos países del sur global, liderados por el presidente colombiano Gustavo Petro, se ha manifestado en la cumbre de emergencia del Grupo de La Haya, que se lleva a cabo en Bogotá. Este evento, que reúne a naciones como Bolivia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, tiene como objetivo abordar lo que sus miembros consideran «actos genocidas» por parte de Israel en la Franja de Gaza y otros territorios palestinos. A esta cumbre asisten representantes de 30 países, incluyendo a España y Francesca Albanese, relatora de la ONU, quien fue sancionada por Estados Unidos. La posición del gobierno colombiano ha evolucionado drásticamente desde el inicio del conflicto en octubre de 2023, lo que refleja una voluntad explícita de cambiar la narrativa internacional sobre la situación en Gaza.
La cumbre no solo representa un pronunciamiento político, sino que busca convertir la indignación en acciones concretas. Petro ha señalado la necesidad de implementar medidas legales y diplomáticas que puedan contribuir a detener lo que califica como destrucción por parte de Israel en Gaza. Sin embargo, voces críticas como las de Sandra Borda, profesora de Ciencia Política en Colombia, advierten que el impacto real de tales iniciativas podría ser limitado. Las experiencias previas de condenas sin consecuencias significativas por parte de las Naciones Unidas o de la Corte Penal Internacional sugieren que la efectividad de la cumbre podría ser cuestionable, resaltando la difícil realidad de lograr un cambio tangible en medio de un conflicto tan arraigado.
El trasfondo de la política exterior de Petro refleja un interés por posicionar a Colombia como un actor relevante en el debate internacional sobre conflictos globales. Su gobierno ha roto relaciones diplomáticas con Israel y se ha acercado a potencias emergentes como Qatar y China, particularmente a través de la participación en la iniciativa de la Franja y la Ruta. Este giro radical en la política exterior colombiana ha sido interpretado como una necesidad de distanciarse de la alineación histórica con Estados Unidos e Israel. Sin embargo, esta estrategia también conlleva riesgos en un contexto global donde las dinámicas de poder están sujetas a cambios constantes, especialmente con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.
Petro ha utilizado esta cumbre no sólo para reafirmar su lealtad a las ideologías de izquierda y al apoyo a la causa palestina, sino también para consolidar su liderazgo en la región. Esto lo convierte en un referente entre otros presidentes de América Latina con posturas similares, como Gabriel Boric y Luiz Inácio Lula da Silva. A su vez, su enfoque busca satisfacer a un sector interno que siempre ha exigido una política exterior más propalestina. Sin embargo, la efectividad de estos gestos simbólicos podría estar limitada, ya que podrían ser percibidos más como un intento de fortalecer su imagen personal que como un cambio de política de Estado.
A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026, el futuro de las relaciones de Colombia con Israel y Estados Unidos es incierto. El tiempo limitado de Petro en el poder genera dudas sobre la sostenibilidad del rumbo actual de la política exterior colombiana. Mientras analistas como Sergio Guzmán advierten que la ruptura de relaciones con Israel podría ser temporal, la dinámica interna de la administración de Petro, marcada por la inestabilidad en el Ministerio de Relaciones Exteriores, plantea preguntas sobre los intereses a largo plazo de Colombia en el escenario internacional. La cumbre podría ser un momento decisivo o un episodio pasajero en la historia de las relaciones de Colombia con el resto del mundo, dependiendo de cómo se desarrollen los eventos en los próximos años.
