Cristosal, la principal organización no gubernamental dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador, anunció oficialmente su decisión de abandonar el país centroamericano, después de 25 años de labor ininterrumpida. Esta determinación fue motivada por el arresto de Ruth López, directora de anticorrupción y justicia de la ONG, quien fue detenida en mayo bajo acusaciones de corrupción que han sido ampliamente cuestionadas por organismos internacionales. La organización emitió un comunicado en la red social X, en el que denunciaron la escalada de criminalización contra ellos y afirmaron que, debido a la “imposición de la Ley de Agentes Extranjeros” y la falta de independencia institucional, no pueden continuar su trabajo en El Salvador.
La Ley de Agentes Extranjeros, promovida por el presidente Nayib Bukele, impone gravámenes severos y prohibiciones a las organizaciones que reciban financiamiento foráneo. Según Cristosal, esta normativa no solo afecta su operatividad, sino que representa una amenaza tangible a la libertad de expresión y a la sociedad civil en general. Con este contexto adverso, Cristosal ha decidido reorganizar y continuar su misión desde países vecinos como Guatemala y Honduras, donde mantienen operaciones desde hace años. Hasta el momento, el gobierno de Bukele no ha respondido a las solicitudes de comentario sobre esta situación, lo que siembra más incertidumbre sobre la política de derechos humanos en El Salvador.
Cristosal emitió fuertes críticas hacia el gobierno de Bukele, acusando al presidente de desmantelar los principios fundamentales de la democracia. En su comunicado, destacaron que el país se encuentra sumido en un estado de excepción perpetuo, en donde la libertad de expresión ha sido silenciada y donde las opiniones contrarias pueden acarrear penas de prisión. Esta situación no es nueva; desde la llegada de Bukele al poder en 2019, la organización ha enfrentado severas presiones, incluyendo acosos legales y campañas de difamación contra sus operativos y militantes, que se han intensificado tras el arresto de Ruth López.
Ruth López, quien se encuentra actualmente en prisión preventiva, sostiene que su encarcelamiento es parte de una estrategia represiva del gobierno, dada su labor en la denuncia de violaciones de derechos humanos. A medida que el ambiente se vuelve más hostil, muchos activistas y periodistas han decidido abandonar el país ante el temor de represalias. Según informes, este éxodo involucra a unos 40 periodistas y numerosos defensores de derechos humanos. La situación ha despertado preocupaciones a nivel internacional, pues organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han levantado la voz sobre el uso de acciones legales como herramienta de represión en el contexto salvadoreño.
Bajo la administración de Bukele, El Salvador ha pasado a ser uno de los países más seguros de la región a costa de altos niveles de encarcelamiento y limitación de las libertades individuales. Si bien Bukele ha gozado de un apoyo popular significativo, que ha superado el 80% de aprobación, también hay un creciente temor entre la población por las consecuencias de criticar al gobierno. La constante supervisión social, la represión de voces disidentes y la falta de independencia en el sistema judicial se combinan para crear un clima de miedo que dificulta el ejercicio de los derechos democráticos en el país. La comunidad internacional continúa observando de cerca la situación, a la espera de respuestas efectivas que garanticen la protección de los derechos humanos en El Salvador.
