Este domingo 6 de abril, un grupo de feligreses de una iglesia evangélica llegó al barrio Mata Mosquito en Verón-Punta Cana, República Dominicana, con el propósito de llevar ayuda humanitaria a migrantes haitianos en situación irregular. Sin embargo, se encontraron rápidamente en medio de un ambiente tenso, donde muchos migrantes se ocultaban en los montes cercanos, temerosos de las autoridades dominicanas. «¡No vayan a disparar, ellos están desarmados!» fueron los gritos que resonaron en la comunidad, evidencia de la angustia que sienten frente a la dura represión gubernamental que busca frenar la migración irregular, intensificada por el presidente Luis Abinader desde su llegada al poder en 2020.
Las recientes políticas migratorias de Abinader han incluido un aumento significativo de las redadas y deportaciones. Según el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, director de Migración, el Estado dominicano está implementando un plan para extender sus operativos a todo el país. En el último mes, el gobierno reportó la deportación de más de 14,000 migrantes haitianos como parte de un esfuerzo por disuadir cruces no autorizados desde Haití, especialmente después de una serie de protestas de grupos ultranacionalistas que exigen acciones más fuertes contra la comunidad haitiana.
Los operativos llevados a cabo en Mata Mosquito y el barrio Hoyo de Friusa han llevado a una evidente militarización de estas áreas, donde las fuerzas del orden utilizan vehículos blindados y patrullan las calles en búsqueda de migrantes irregulares. En lo que va de abril, se ha registrado la repatriación de al menos 2,474 haitianos, y se estima que cerca de 9,000 personas han sido detenidas en el último año en estos operativos. La comunidad, predominantemente haitiana, se ve así atrapada entre la comunidad local y las autoridades dominicanas, a menudo desprovistos de alternativas seguras para su estancia.
El pastor que habló con BBC Mundo también apuntó a un fenómeno que él denomina «retornos espontáneos», donde migrantes haitianos prefieren regresar a su país ante la presión constante de las autoridades, aunque las cifras oficiales sobre deportaciones son discutibles. Expertos en migración como Bridget Wooding destacan que las deportaciones no reflejan la complejidad de la situación, ya que varios de estos migrantes pueden ser detenidos varias veces antes de ser finalmente deportados. La creciente violencia y la falta de políticas claras para regularizar a estos migrantes dejan muchas preguntas sin respuesta sobre el futuro de la comunidad haitiana en República Dominicana.
En respuesta a las crecientes tensiones, Abinader ha presentado nuevas medidas que buscan reforzar la seguridad nacional, incluyendo la construcción de una verja fronteriza y el incremento de fuerzas del orden a lo largo de la frontera con Haití. Sin embargo, estas acciones han generado preocupación entre los defensores de los derechos humanos, quienes advierten que podrían profundizar la crisis migratoria y exponer a los migrantes a mayores riesgos. El plan de «dominicanización» de ciertos sectores productivos, que busca hacer que los dominicanos retornen al campo y reduzcan la dependencia de la mano de obra haitiana, plantea un grave dilema sobre la sostenibilidad económica y la convivencia pacífica que ha caracterizado la relación entre dominicanos y haitianos en comunidades como Mata Mosquito.
