El Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) y el Gobierno anunciaron el domingo la declaración del estado de emergencia en las regiones Oeste, Artibonite y Centro, con una duración inicial de tres meses. Esta medida urgente fue tomada en respuesta a la creciente violencia generada por bandas criminales que han asolado al país durante años. En un comunicado oficial, el CPT enfatizó que la decisión busca otorgar a las autoridades competentes el tiempo y los recursos necesarios para restablecer la seguridad y la paz en estas áreas, que han sido particularmente afectadas por la criminalidad. La situación se torna crítica justo a pocos meses de las elecciones programadas para finales de este año, lo que ha llevado al gobierno a implementar una serie de decisiones destinadas a abordar la crisis de seguridad.
En la misma declaración, el CPT y el Gobierno manifestaron su «firme determinación» de tomar medidas urgentes para restablecer la seguridad en el país y garantizar el funcionamiento efectivo de las instituciones de la República. Laurent Saint-Cyr, quien asumió la presidencia rotativa del CPT, mostró un fuerte compromiso al declarar la guerra a las bandas armadas que atemorizan a la población. En su mensaje, hizo un llamado a la comunidad internacional para que envíe más tropas a Haití y se comprometió a luchar hasta erradicar a estos grupos criminales, enfatizando que «el pueblo debe poder respirar» en un entorno libre de miedo.
El deterioro de la situación de seguridad en Haití ha llamado la atención de los actores internacionales, provocando un llamado de apoyo al Gobierno por parte de las autoridades haitianas. El CPT solicitó a sus socios internacionales que incrementen el envío de soldados, además de proporcionar una mayor formación a las fuerzas de seguridad locales. Actualmente, Haití cuenta con la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS), liderada por Kenia, que incluye elementos policiales de distintas naciones. Sin embargo, los resultados han sido escasos, ya que las bandas criminales controlan más del 90 % de Puerto Príncipe y han comenzado a expandirse a otras áreas.
La situación de violencia en Haití es alarmante. Según un informe reciente de la Oficina Integrada de la ONU (Binhu), se registraron al menos 1,520 homicidios y 609 heridos durante el segundo trimestre del año, con la mayoría de los incidentes atribuibles a las bandas criminales en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Esta escalada de la violencia ha llevado a la ONU a calificar la situación de derechos humanos en el país como «extremadamente preocupante», evidenciando la urgencia de una intervención y el restablecimiento del orden público.
Mientras tanto, la presión aumenta sobre el CPT y el Gobierno para que demuestren su capacidad de responder a esta crisis antes de las elecciones de fin de año. La amenaza de grupos violentos, como el que lidera Jimmy Cherisier, alias Barbecue, destaca la precariedad de la situación. Cherisier ha manifestado su intención de desestabilizar al Consejo Presidencial de Transición, lo que complica aún más la ya tensa atmósfera política. En este contexto, Haití se enfrenta a un reto considerable no solo en lo que respecta a la seguridad y el orden público, sino también en lograr un clima propicio para una transición democrática y el respeto de los derechos humanos.
