En un contexto crítico para el sector salud en Colombia, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) ha alzado la voz para responsabilizar al gobierno del presidente Gustavo Petro por la actual crisis de medicamentos que enfrenta el país. Según Fenalco, la deuda acumulada de $4 billones que el Gobierno debe a los gestores farmacéuticos afecta gravemente la operatividad y la capacidad de estos para garantizar el suministro de fármacos esenciales. Jaime Alberto Cabal, presidente de la entidad, subrayó que la mora que supera los 600 días está creando un estrangulamiento en el flujo de caja de las empresas, implicando que, sin un pago efectivo y oportuno, las farmacias están en una situación cuesta arriba para abastecer a la población.
Cabal expuso que, a pesar de la difícil situación, los gestores farmacéuticos han mantenido un compromiso con el sistema de salud, entregando durante el 2024 un total de 227 millones de medicamentos, lo que equivale a 105 millones de fórmulas para 36 millones de usuarios que dependen de ellos. Esta labor es crucial, ya que los gestores son los encargados de la logística de distribución y dispensación, trabajando de la mano con las Empresas Promotoras de Salud (EPS) y las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Sin embargo, la eficacia de sus operaciones se ve comprometida debido a las deudas pendientes y a la falta de apoyo del gobierno nacional.
No obstante, la crisis de acceso a medicamentos también radica en múltiples factores adicionales que complican aún más la situación. Según Jaime Alberto Cabal, las demoras en los trámites ante Invima, la escasez de materias primas y los cierres viales generados por protestas han mermado la disponibilidad de algunos medicamentos en el mercado. Además, resaltó que aproximadamente el 82% de los medicamentos se encuentran sujetos a controles de precios por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos, lo que debería evitar aumentos injustificados. Sin embargo, esta regulación no ha logrado mitigar la falta de suministro de fármacos necesarios para la población.
En medio de esta crisis se observa el colapso de dispensarios de EPS intervenidas, como Nueva EPS, que han sido incapaces de atender la creciente demanda de pacientes. En Cali, uno de los dispensarios más afectados, Disfarma, se vio saturado ante la afluencia masiva de personas que buscaban atención, lo que llevó a cientos a acampar a las puertas del establecimiento. En Bogotá, un grupo de más de 300 pacientes de edad avanzada se ha manifestado exigiendo la entrega de sus tratamientos, dejando en claro que la situación de desabastecimiento es grave y afecta a los más vulnerables.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha tomado medidas encaminadas a esclarecer la situación. Ha ordenado a la Superintendencia Nacional de Salud realizar auditorías a las bodegas de Audifarma, donde se encontraron 113,000 dosis de insulina almacenadas. Petro denunció que esta cantidad de medicamentos estaba oculta para preservar los intereses económicos en el sector, cualquiera sea el impacto en la salud de la población. “Lo hacen para que no disminuyan los negocios en la salud y así no dejan que haya más salud para el pueblo”, aseguró el presidente, presentando los hallazgos como un triunfo en su empeño por garantizar un sistema de salud más equitativo y accesible para todos.
