El gobierno uruguayo ha dado un paso significativo hacia la lucha contra la corrupción con la preparación de nuevas decisiones, según lo indicó Ana Ferraris, presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). En una reciente intervención, Ferraris destacó que este esfuerzo nace de la necesidad de fortalecer la integridad en la administración pública, un compromiso que ha cobrado relevancia en la agenda política bajo la administración del presidente Yamandú Orsi. Las acciones propuestas buscan brindar a la Jutep la estructura necesaria para desempeñar su función de manera efectiva y eficiente.
Creada en 2015 durante el segundo mandato de Tabaré Vázquez, la Jutep ha enfrentado importantes limitaciones, incluyendo la falta de regulaciones adecuadas, presupuesto y recursos humanos. Ferraris subrayó esta problemática al abordar en una entrevista los cambios que son cruciales para el éxito del organismo. A pesar de los esfuerzos previos, la falta de un marco regulador ha mermado la capacidad de la Jutep para actuar frente a la corrupción, lo que hace que las nuevas iniciativas sean cruciales para su reactivación.
Una de las principales propuestas es la regulación de la «ley de cristal», que obligará a diversos funcionarios públicos a presentar declaraciones juradas de sus bienes e ingresos. Esta legislación no solo incluirá a altos cargos del gobierno, como presidentes y ministros, sino también a otras figuras significativas del sector público y de la sociedad civil. La inclusión de una amplia gama de funcionarios en este requisito subraya el compromiso del gobierno de aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en todos los niveles de la administración pública.
Además, con la intención de adoptar un enfoque más riguroso en el cumplimiento de estas normas, se establecerán multas por el incumplimiento en la presentación de declaraciones juradas, un aspecto que hasta ahora no existía. Esto es fundamental para disuadir a aquellos que podrían considerar el ocultamiento de información como una opción viable. Ferraris hizo énfasis en que la falta de regulación actual ha permitido que la Jutep funcione como un mero depósito de declaraciones, sin la posibilidad de garantizar que se cumpla con la función de prevención que le corresponde.
Por último, la presidenta de la Jutep también abordó el estado actual del portal de denuncias, que fue inaugurado en 2019 pero que careció de un procedimiento claro para manejar las denuncias recibidas. Se estima que hay entre 400 y 500 denuncias pendientes, muchas de ellas sin resolver desde el año 2020. Ferraris declaró que es imperativo establecer protocolos claros para el manejo de estas denuncias, a fin de asegurar que la ciudadanía cuente con un canal efectivo para reportar casos de corrupción y recibir respuestas adecuadas por parte de las autoridades.
