La Fiscalía General de la Nación ha anunciado su decisión de imputar cargos al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, por presuntos delitos de tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Esta acción se da en el contexto de una investigación más amplia relacionada con casos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el ente acusador, Bonilla habría intervenido indebidamente en la adjudicación de contratos que gestionan recursos públicos destinados a la atención de emergencias, situación que agrava su implicación en un escándalo que ya involucra a otros altos funcionarios del actual Gobierno.
La fiscal delegada María Cristina Patiño explicó que la imputación de cargos contra Bonilla se fundamenta en las declaraciones de su exasesora, María Alejandra Benavides. Dichas declaraciones sugieren que Bonilla habría abusado de su posición para facilitar ciertos intereses en el manejo de contratos cruciales. Para dar curso a este proceso, será necesario tramitar la aprobación del principio de oportunidad para Benavides, lo que permitirá a la Fiscalía actuar de manera más contundente en la investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, Bonilla presuntamente solicitó a Benavides malversar contratos de la UNGRD, que suman un total de aproximadamente 92.000 millones de pesos. Estas contrataciones, asignadas a los municipios de Cotorra, Saravena y El Carmen de Bolívar, habrían servido como instrumento para influenciar a varios congresistas miembros de la Comisión de Crédito Público, con el propósito de obtener su apoyo para la aprobación de créditos necesarios por parte del Ejecutivo.
Ricardo Bonilla ha sido enfático en su defensa, asegurando que es víctima de un ataque mediático y llamando a los sectores de oposición «barras bravas». Desde su salida del Gobierno de Gustavo Petro, el exministro se ha mantenido firme en su inocencia, justificando que no tiene nada que ocultar y que, hasta el momento, no existe una orden de captura en su contra. Su postura abierta busca contrarrestar las implicaciones que su nombre ha recibido en el escándalo de corrupción.
A medida que la Fiscalía avanza en su investigación, la acumulación de pruebas y testimonios podría resultar en una acusación formal contra Bonilla. No obstante, el exministro continúa sosteniendo su defensa y descalificando las acusaciones como parte de un ataque orquestado en su contra. Este caso resalta la creciente preocupación sobre la corrupción en la gestión pública y el manejo de recursos destinados a la atención de emergencias, un tema que ha ocupado un lugar central en el debate político colombiano.
