La incertidumbre política en Colombia crece debido a la falta de claridad del gobierno de Gustavo Petro respecto a la posible firma del decreto para convocar una consulta popular. A pesar de que el presidente ha manifestado su intención de seguir adelante con este mecanismo, los mensajes contradictorios de su gabinete han generado preocupación en diversos sectores. Mientras el primer mandatario apela a la consulta popular como una herramienta de presión hacia el Congreso, la dinámica actual y los acontecimientos recientes, como el atentado contra el senador Miguel Uribe, complican aún más el panorama.
Una de las principales barreras que podría impedir la realización de la consulta es la posición de la Registraduría. Fuentes cercanas a esta entidad han indicado a EL COLOMBIANO que es poco probable que el registrador, Gustavo Penagos, proceda con la consulta sin antes obtener una resolución de la Corte Constitucional o el Consejo de Estado sobre la legalidad del decreto que se prevé firmar. Esto añade un nivel de complejidad a la estrategia del gobierno, que busca avanzar en su agenda legislativa a través de este mecanismo.
Los conflictos internos en el gobierno también están saliendo a la luz. La postura del ministro del Interior, Armando Benedetti, ha causado malestar entre gremios y movimientos sociales. Benedetti sugirió que la fuerza de la consulta podría disminuir si se logra un consenso en el Senado sobre el contenido de la reforma laboral. Sin embargo, este comentario ha sido interpretado como un intento de reducir la presión sobre el Congreso y, al mismo tiempo, reafirmar la voluntad del Ejecutivo de no retroceder en su compromiso con la consulta.
El posible destino del decreto para la consulta popular está en manos de la Corte Constitucional, que deberá decidir sobre su constitucionalidad. A pesar de que la legislación indica que la consulta no debería depender de la Corte, el gobierno ha optado por seguir este camino, lo cual ha sido criticado por expertos en derecho electoral. El exregistrador Alfonso Portela ha manifestado que enviar el decreto a la Corte no tiene sentido, sugiriendo que lo correcto sería proceder directamente con su divulgación al público y a la Registraduría.
Finalmente, el presidente Petro ha persistido en su postura de que la consulta debe llevarse a cabo, a pesar de los desafíos que enfrenta, tanto legales como de negociación política. Su declaración de que la consulta no está relacionada con el atentado al senador Uribe busca desvincular los diferentes temas políticos actuales y reafirmar su compromiso de cumplir con lo prometido al pueblo colombiano. Sin embargo, la falta de guía clara y los desacuerdos internos dejan abierta la posibilidad de que la convocatoria no se materialice si no se logra un gran consenso político en el Senado.
