El anuncio del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular vía decreto, a pesar de que no obtuvo el respaldo necesario en el Senado, ha desatado una serie de reacciones en el ámbito político colombiano. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, se manifestó en contra de esta decisión, afirmando que es un «despropósito» que será inmediatamente demandado ante el Consejo de Estado. Según Cepeda, esta medida representa una violación a las leyes colombianas, ya que la consulta fue rechazada en la plenaria del Senado el 14 de septiembre pasado, y el registrador no tiene la facultad de aceptar una convocatoria que contraviene el proceso legislativo establecido.
Por su parte, desde la oposición, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, anunció que también se opondrá legalmente a la decisión del presidente y la considera como una manifestación del egocentrismo de Petro. Uribe afirmó que esta no es solo una lucha del pueblo, sino una batalla contra la amenaza que representa el presidente al querer actuar por encima de la ley. Con un tono firme, hizo hincapié en que el gobierno debe ser detenido en este intento de «atropellar la ley y la democracia».
En otro ámbito, el senador Carlos Manuel Meisel advirtió sobre un posible «golpe de Estado» en el país, acusando a Petro de querer desmantelar la institucionalidad democrática. Meisel subrayó que la obsesión por el poder del presidente lo había llevado a tomar decisiones que podrían poner en riesgo los cimientos de la democracia, sugiriendo que el mandatario no debería considerar la democracia como un concepto flexible dependiendo de los resultados de las votaciones.
Desde la Alianza Verde, se observa un cambio de foco en el debate legislativo, ya que el senador Ariel Ávila destacó que la proximidad del debate sobre la reforma laboral podría eclipsar la viabilidad de la consulta popular. Según Ávila, si el Senado aprueba la reforma, no habrá justificación para convocar una consulta, ya que esta iniciativa solo buscaría movilizar las bases del Pacto Histórico y mantener la agitación en las calles sin un fundamento sólido frente a la legislación en curso.
Finalmente, desde el oficialismo, el senador Wilson Arias defendió la decisión de Petro, argumentando que la consulta por decreto es el camino que esperaban y que busca subsanar las irregularidades observadas en el proceso legislativo. Arias criticó la posición del presidente del Senado y enfatizó que el cambio de votos y la precipitación en el proceso han sido patentes, sugiriendo que la consulta popular aún tiene fundamento para avanzar a pesar de la resistencia que enfrenta en el Congreso.
