Un grupo de 18 instituciones de la sociedad civil, entre las que destacan Eafit, Proantioquia y la Fundación Corona, han alzado la voz en una carta abierta dirigida al presidente Gustavo Petro. En este comunicado, las organizaciones expresan su profunda preocupación ante la intención del jefe de Estado de convocar una consulta popular a través de un decreto. Según los firmantes, esta acción representa un claro abuso de poder que transgrede los límites establecidos por la Constitución Colombiana, especialmente en lo que se refiere a la separación de poderes y al respeto por los procedimientos legales.
Las organizaciones enfatizan que el anuncio de la consulta popular se realiza a pesar de un concepto negativo emitido por el Senado de la República, que debería servir como un indicador del descontento y la preocupación que esta iniciativa genera en diversos sectores de la sociedad. La carta subraya que el proceso de convocatoria para una consulta de origen gubernamental requiere de la aprobación previa del Senado, una condición que actualmente no se ha cumplido. Esto, según las instituciones, no solo es una falta de respeto a los procesos democráticos, sino que además mina la confianza en la institucionalidad del país.
La misiva colectiva, que incluye la firma de organismos como Cerac, Anif, Transparencia por Colombia y Probogotá, señala que la intención de proceder con la consulta popular por decreto es un paso que atenta contra la legalidad. En este sentido, los firmantes reafirman la importancia de seguir los procedimientos establecidos en la Constitución, los cuales buscan promover una gobernanza transparente y respetuosa de los derechos ciudadanos. Además, sugieren que dicha convocatoria generaría un grave precedente al propiciar la normalización de la voluntad unilateral del Ejecutivo, en detrimento de un sistema de pesos y contrapesos.
Además, las organizaciones han hecho un llamado a las altas Cortes del país, en particular a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado, para que refuercen la vigencia de la Constitución de 1991. Puntualizan que su intervención es crucial para proteger los principios que garantizan el equilibrio institucional y previenen la concentración del poder en el ejecutivo. La advertencia es clara: si el gobierno lleva a cabo la firma del decreto para la consulta, estaría quebrantando la separación de poderes, un pilar fundamental para la democracia colombiana.
En un contexto donde la gobernabilidad y la transparencia son más necesarias que nunca, las instituciones de la sociedad civil mantienen que cualquier intento por parte del Gobierno de avanzar en la consulta popular sin la debida aprobación del Senado no solo es una traición a los postulados constitucionales, sino una amenaza a la propia democracia. Con esta carta abierta, buscan generar un espacio de diálogo y reflexión que permita al presidente Petro reconsiderar sus pasos y priorizar el respeto a las instituciones y los procesos democráticos en su administración.
