Costa Rica ha dado un paso significativo en su lucha contra el crimen organizado con la inauguración del Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO) por parte de la presidenta Laura Fernández. Este nuevo complejo penitenciario, inspirado en la megacárcel de El Salvador, se presenta como un símbolo de la política de «mano dura» que busca restaurar la seguridad pública en un país que ha visto un aumento preocupante en la violencia, particularmente relacionada con el narcotráfico. Las cifras son alarmantes: en 2025, Costa Rica registró 873 homicidios, convirtiéndose en el tercer año más violento de su historia. Las autoridades han enfatizado que estos problemas de seguridad deben ser abordados con determinación y sin contemplaciones hacia los criminales que amenazan la paz y el bienestar de la sociedad costarricense.
La inauguración del CACCO ha sido recibida con opiniones divididas, ya que, aunque la mayoría de los costarricenses, según encuestas recientes, apoyan el endurecimiento de las leyes contra el crimen, hay crecientes preocupaciones sobre el respeto a los derechos humanos. La crítica se centra en que, al imitar el modelo salvadoreño, Costa Rica podría estar transitando un camino peligroso que limita las libertades civiles en nombre de la seguridad. La presidenta Fernández ha defendido el enfoque, afirmando que la autoridad pública debe ser la que rija en estas instalaciones, y no los criminales, subrayando su compromiso con una política de cero tolerancia hacia el delito.
El CACCO, ubicado en Alajuela, está diseñado para albergar a 5,100 reos en condiciones severas, con un régimen de visitas restringido y un acceso limitado al sol. Cada celda, con capacidad para 60 reclusos, refleja un enfoque que prioriza la seguridad sobre el bienestar de los internos. La presidenta ha prometido que se aplicarán medidas estrictas para asegurar que los criminales no tengan acceso a objetos personales y que cumplirán con un código de vestimenta que incluye uniformes naranjas. Este estilo de encarcelamiento es paralelo al que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador, quien ha defendido su política de excepción como una manera efectiva de combatir la criminalidad, a pesar de las críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos.
En medio de esta controversia, Fernández ha sido clara en su intención de aprender de la experiencia salvadoreña, enfatizando que la seguridad penitenciaria es crucial para la seguridad nacional de Costa Rica. Observadores han señalado que, aunque reducir la violencia es un objetivo loable, la implementación de medidas tan severas puede tener repercusiones negativas. Mientras que un porcentaje significativo de la población apoya la mano dura, los críticos advierten que una violación sistemática de los derechos humanos podría llevar a un endurecimiento de la represión y a un ciclo de violencia que podría empeorar la situación en el país.
A medida que Costa Rica avanza en este nuevo enfoque penal, las palabras de la presidenta Fernández son un llamado a la acción: «el que la hace la paga», una frase que captura el espíritu de su administración. Sin embargo, la encrucijada se mantiene: ¿será efectiva esta táctica para devolver la seguridad al pueblo costarricense, o el costo en términos de derechos humanos y libertades públicas será demasiado alto? La respuesta a esta pregunta es crucial no solo para el futuro de la seguridad en Costa Rica, sino también para el legado de la gobernanza democrática en un país que ha sido aclamado por su compromiso con el respeto de los derechos humanos en la región.
