Colombia vive un momento de profunda conmoción tras dos graves ataques atribuibles a disidencias de las FARC, que dejaron un saldo trágico de al menos 18 muertos y 65 heridos. El primer atentado, un ataque con explosivos en la base militar Marco Fidel Suárez en Cali, ocurrió el jueves cerca de las 15:00 horas locales, provocando pánico en una ciudad de 2.2 millones de habitantes. Testigos reportaron múltiples explosiones y daños considerable en viviendas cercanas. La explosión fue catalogada como uno de los ataques terroristas más mortales desde 2019, cuando el grupo guerrillero ELN realizó un atentado contra la escuela policial General Santander en Bogotá, que dejó 21 muertos. El presidente Gustavo Petro calificó este jueves como «un día de muerte» e hizo un llamado a la unidad para enfrentar la violencia creciente en el país.
El ataque en Cali ha llevado a las autoridades a establecer un estado de emergencia en la ciudad. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció medidas drásticas, incluyendo el cierre de calles y restricciones del ingreso de camiones de gran tamaño. Un informe inicial indicaba que el ataque fue perpetrado por cilindros bomba cargados en un camión, lo que intensificó la preocupación en una región ya afectada por la violencia armada. Podría ser un acto de represalia tras la reciente incautación de municiones por parte del ejército colombiano, lo que ha llevado a los disidentes a responder de forma violenta. La creciente inseguridad en el Valle del Cauca es un problema que ha exigido la atención del gobierno y ha motivado la discusión sobre posibles estrategias de seguridad más contundentes.
En un segundo ataque, un helicóptero de la policía fue derribado en Amalfi, Antioquia, en lo que las autoridades calificaron de «acción terrorista». En este incidente murieron 12 agentes que llevaban a cabo operaciones contra cultivos ilícitos. Inicialmente, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, insinuó que el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, estaba detrás del ataque. No obstante, se confirmó que fue una facción escindida del Estado Mayor Central (EMC) la responsable. Estos eventos alarmantes indican una coordinación entre los grupos armados, lo que pone en tela de juicio la estabilidad que Colombia ha disfrutado en los últimos años y repite la historia de violencia que el país ha luchado por superar desde hace décadas.
El presidente Petro ha reaccionado buscando medidas extraordinarias. Después de los ataques, convocó a altos mandos militares y funcionarios de su gobierno para tratar la situación. Mientras algunos funcionarios hablaron sobre la posibilidad de decretar un «estado de conmoción interior», esta idea fue descartada por el mandatario. Sin embargo, se decidió establecer un Puesto de Mando Unificado (PMU) que se encargará de manejar la crisis en el Valle del Cauca. Peticiones de una respuesta militar más fuerte han aumentado entre la población y los líderes municipales ante el temor de un resurgimiento de la violencia similar a la de las décadas pasadas.
Los recientes ataques han suscitado un intenso debate sobre la estrategia del gobierno hacia grupos armados, especialmente considerando el proceso de paz firmado en 2016, que ha resultado en la aparición de estas disidencias. A pesar de no alcanzar los niveles de violencia de antaño, la inquietud crece entre los colombianos ante el incremento de estos ataques. La captura de un sospechoso vinculado a los atentados en Cali resalta la complejidad del asunto, revelando la necesidad de un enfoque más efectivo. La respuesta de las fuerzas del orden y la determinación del gobierno para restablecer la paz serán cruciales en los próximos días, a medida que el país lidia con este trágico recuerdo de resurgimiento de la violencia.
